Demandas al Estado por tareas minero energéticas suman $83 billones

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado dijo que la cifra representaría el 21% del total de las querellas.

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Siete multinacionales mineras tienen en marcha controversias con Colombia

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Portafolio
noviembre 30 de 2018 - 08:53 a.m.
2018-11-30

La contracción en la operación minero energética de los últimos años no ha sido barrera para que las empresas de este sector, así como particulares, tengan contra las cuerdas al Estado con pretensiones económicas por demandas que llegarían a superar los $83 billones.

La cifra llama la atención, ya que representaría el 32% de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2019, y que recientemente fue aprobado por el Congreso Nacional, por $250 billones.

Registros de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), a los cuales tuvo acceso Portafolio, indican que en total son 33 las entidades del Estado que tienen querellas en su contra, de las cuales la mayoría recaen en el Ministerio de Minas y Energía (MME), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

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Tampoco escapa Ecopetrol, y varias de sus filiales como Cenit, Bioenergy y la Refinería de Cartagena (Reficar).

“Excluyendo las controversias internacionales, el Estado tiene en total (con corte al 30 de septiembre) 5.823 procesos en contra relacionados con el sector de minas, petróleo y energía, y que representan en pretensiones $76 billones”, señaló Camilo Gómez Alzate, director de la Andje.

El funcionario subrayó que, de este total de querellas, en 117 procesos, está la mayor cuantía para las arcas de la Nación (de llegar a perderlas) ya que representa cerca de $72 billones. También resaltó que el MME tiene en su contra 1.336 demandas, que le significarían al Estado $46 billones.

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CAUSAS DE LAS DEMANDAS

Entre las principales causas de demanda de procesos judiciales registradas en la Andje (sin contar las controversias internacionales), están: daño o amenaza ambiental por actividad del sector de hidrocarburos; ejecución de prestaciones sin contrato; enajenación de acciones sin el cumplimiento de los requisitos legales; violación al debido proceso administrativo; incumplimiento en el deber de seguridad y prevención de desastres; e ilegalidad del acto administrativo que liquida un contrato.

Así mismo, las cuatro principales causas de demanda de procesos judiciales por cantidad son: terminación del contrato de trabajo sin justa causa con 512 casos; no reconocimiento de reajuste o nivelación salarial con 191 casos; daños derivados de acto administrativo lícito con 113 casos; y daño o amenaza ambiental por actividad minera con 58.

“Con respecto a los procesos arbitrales activos contra el Estado, sin tener en cuenta las controversias internacionales, el sector de minas y energía tiene a su haber 17 procesos, que representan en pretensiones poco más de $246 millones”, indicó el director de la Andje.

Cabe traer a colación que, en litigios contra la Nación, los registros de la citada entidad reportan aspiraciones económicas por $400 billones, de los cuales $378 billones están representados en más de 392.000 procesos; $4,9 billones en 92 querellas de arbitraje internacional y $16,7 billones en once casos de controversias internacionales de inversión.

CONFLICTOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Uno de los capítulos que tiene especial atención para la Andje es el relacionado con las disputas entre el Estado colombiano y multinacionales del sector minero energético. Los registros de la entidad indican que de los once procesos que están en curso (cifra ya mencionada), siete tienen como directos demandantes a empresas de la industria. De estas, seis son de compañías mineras y una que suministra el servicio de energía eléctrica.

“Las pretensiones económicas de estas compañías multinacionales llegan a los $6,3 billones, de las cuales solo la de Gas Natural Fenosa es por $5,32 billones (US$1.626 millones), debido a la intervención del Estado en Electricaribe, ocurrida en noviembre del 2016”, explicó Gómez Alzate.

El funcionario dejó en claro que no se está tomando en cuenta el caso de la demanda de las multinacionales mineras Tobie Mining and Energy Inc. y Cosigo Resources por estar inactivo, y cuyo monto está trazado en $54 billones (US$16.500 millones).

Cabe recordar que la disputa surgió a raíz de la creación del Parque Nacional Natural Yaigojé - Apoporis en el 2009 y que llevó a la anulación del título minero, entregado por el Estado a las dos citadas mineras.

Otro de los casos que resaltó Gómez Alzate fue el de las empresas Glencore y Prodeco, cuya pretensión está en $2,51 billones (US$767 millones), y la razón tiene que ver con el desarrollo del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Suiza.

Las dos empresas demandaron al Estado colombiano por las decisiones adoptadas por la Contraloría General de la República (CGR) y la ANM. La primera declaró la responsabilidad fiscal de Prodeco en el marco del otrosí al contrato de la concesión minera en el Cesar.

Y la segunda interpuso una acción de nulidad en contra del otrosí.
Por su parte la Sentencia 035/2018 de la Corte Constitucional, que prohibió las actividades mineras en ecosistemas de páramo, llevó a que las mineras Red Eagle Exploration Limited y Galway Gold Inc. demandaran a la Nación.

En una situación similar está la disputa con la minera Eco Oro Minerals, cuya pretensión económica es $2,5 billones (US$764 millones) cuando la Corte Constitucional prohibió hacer exploración y explotación minera en zonas de páramos.

“Hay que tener en cuenta que dentro de las controversias de inversión, hay una etapa pre-arbitral con dos multinacionales: CB&I por el tema de Reficar, y South 32/Cerro Matoso, y cuyo monto supera los $9 billones (más de US$3.000 millones)”, precisó el directo de la Andje.

Recalcó el funcionario que, en esta etapa que dura seis meses, se está surtiendo un proceso de arreglo directo, y si no se llega a un acuerdo se convoca un tribunal de arbitramento.

Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio

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