Se calcula que en el país el 19% de las personas asalariadas devenga menos de un salario mínimo mensual, lo que según las más recientes estadísticas sobre empleo reveladas por el Dane, equivaldría a unos 4 millones de colombianos.
(Así está el ‘pulso’ en las negociaciones del salario mínimo para 2019).
La investigación, que fue realizada por la ONG Cuso International y el Gobierno de Canadá, concluyó también que las personas más afectadas por esta situación son los trabajadores por cuenta propia, dado que en el 64,2% de los casos, ganan menos de $781.242, la actual cifra del salario mínimo.
Adicionalmente, la organización explica que en ese segmento las más afectadas son las mujeres, pues en el 76% de los casos las trabajadoras por cuenta propia tienen ingresos inferiores a la mencionada suma, frente al 55% de los hombres.
“Resulta preocupante que el 63,2% de las mujeres ocupadas asalariadas sin educación gane menos del salario mínimo, lo cual probablemente se debe a la actividad laboral del servicio doméstico. Dicho porcentaje es de 34,28% para los hombres sin educación”, reza el documento.
En relación con la influencia del salario mínimo entre la población asalariada, el estudio indica que el 4,9% de los empleados gana exactamente el salario mínimo legal vigente, alrededor de 1.150.000 personas.
(¿Qué tan alto es el salario mínimo en Colombia?).
Así mismo, se establece que a pesar de que las mujeres representan el 52% de los habitantes del país, al hablar de la población económicamente activa, ellas representan un porcentaje menor de participación (45,4%) respecto a los hombres, “debido a las barreras de acceso y permanencia al mercado laboral que deben enfrentar”, explica la organización.
NEGOCIACIONES
El estudio, que fue publicado en el marco de las negociaciones para definir el alza del salario mínimo para el 2019 –y en el que esta tarde los empresarios harán su propuesta formal de reajuste– recomienda que el sector público debe tener un rol más activo para eliminar la evasión del pago legal.
En primer lugar indica que las cámaras de comercio deben suministrar asesoría para que las pequeñas unidades productivas aumenten su rentabilidad y de esa forma puedan pagar lo que es debido.
Además, sugiere que se impongan métodos más efectivos de inspección laboral –viendo que los actuales son insuficientes– y que se empiecen a evaluar “medidas alternas a la figura del salario mínimo legal, como los subsidios al trabajo”.
