'Comité de Regla Fiscal es independiente pero podría ser más autónomo'

Guillermo Perry, exministro de Hacienda, dice que las calificadoras han confiado en las metas y por eso han mantenido el grado de inversión.

Guillermo Perry, exministro de Hacienda y miembro del Comité de Regla Fiscal.

Guillermo Perry, exministro de Hacienda y miembro del Comité de Regla Fiscal.

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Portafolio
abril 01 de 2019 - 10:05 p.m.
2019-04-01

Guillermo Perry, exministro de Hacienda y miembro del Comité de la Regla Fiscal, habló con Portafolio sobre la ‘flexibilizacion’ de los compromisos fiscales del Gobierno y el cambio de presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Clemente del Valle, quien ha sido reconocido por su exitosa labor al frente de la entidad.

El viernes pasado el Ministro de Hacienda anunció que el Comité de la Regla Fiscal cambió las metas del déficit fiscal. Hay confusión al respecto porque algunos dicen que se aumentó el déficit. También se cree que se ‘flexibilizó’ la regla. ¿Nos ayuda a explicarles a los lectores en qué consiste la decisión?

El Comité tiene dos grandes responsabilidades cada año. Primera: certificar si se cumplió la regla fiscal en el año anterior. La meta establecida por el Comité para el déficit en el 2018 fue de 3,1% del PIB (menor a la de 3,6% del 2017). El Comité, después de verificar las cifras, certificó su cumplimiento.

(Lea: El país económico se tomó con tranquilidad el ajuste a la regla fiscal

Segunda: establecer la meta del déficit para el año en curso y revisar el pronóstico de las mismas para los años siguientes, compatibles con lograr un déficit estructural del 1% del PIB en el año 2022 fijado en la Ley de la Regla.

El Comité fijó en 2,7% la meta para el 2019, vale decir que es un déficit menor en 0,4 puntos porcentuales al fijado (y cumplido) para el 2018. Y las metas pronosticadas para el 2020 en adelante son cada vez menores: 2,3% en el 2020, 1,8% en el 2021, en 2022 es 1,4% en el 2023 es 1,2% y 1% en el 2024.

En consecuencia, de acuerdo con estas determinaciones, el Gobierno tiene que continuar este año y los siguientes el proceso de ajuste fiscal.

(Lea: Recomiendan flexibilizar la regla fiscal para el 2019 y 2020

Conviene aclarar que la meta fijada en la Ley de la Regla Fiscal, de llegar a un déficit estructural del 1% del PIB en el año 2022, no se puede flexibilizar ni cambiar sino a través de una reforma legal. El Comité ‘traduce’ esa meta en términos de la trayectoria del déficit corriente para cada año para llegar allá.

¿Pero no confunde pronosticar metas del déficit corriente que luego son revisadas cada año? ¿No sería mejor limitarse a fijar la meta del año?

La importancia de pronosticar metas futuras, que deben ser incluidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Gobierno, es la de darle claridad a los inversionistas nacionales y extranjeros de que se seguirá haciendo el ajuste gradual que exige la Ley de la Regla Fiscal hasta llegar al déficit estructural del 1% del PIB en el año 2022, y que se mantendrá en ese nivel en adelante.

Pero es cierto que confunde a veces el hecho de que los pronósticos de las metas para los años siguientes se revisan cada año.

(Lea: Ocde alerta sobre riesgo de flexibilizar regla fiscal

Por ejemplo, la meta pronosticada el año pasado para el 2019 era de 2,4% y, después de revisar los ajustes cíclicos obligatorios con base en la información más actualizada y considerar el impacto fiscal extraordinario de la aceleración de la inmigración venezolana, quedó fijada en 2,7%.

Esa confusión lleva a que algunos comenten equivocadamente que se cambió la meta de la regla de 2,4% (que era un pronóstico) a 2,7% (que es una decisión) para el 2019.

¿No sería mejor entonces que la Ley de la regla se cambiara para que fije los niveles permitidos de déficit fiscal cada año? ¿O de deuda pública, como ha afirmado Anif? Eso evitaría confusiones.

Evitaría confusiones, pero sería muy inconveniente porque llevaría a que el gasto público aumente mucho en los buenos tiempos y se reduzca mucho en los malos tiempos, agravando las desaceleraciones.

Un ejemplo: si la ley hubiera fijado el déficit permitido en el año 2015 en 3% del PIB, independientemente de lo que hubiera sucedido con la economía y el petróleo, cuando bajaron inesperadamente los precios del petróleo de más de 100 a menos de 40 dólares por barril a finales del 2014 y se cayeron los ingresos fiscales petroleros de 3% del PIB en el 2014 a cero en el 2015, el Gobierno tendría que haber reducido en un año el gasto público en esa misma cuantía para poder cumplir con una meta rígida de déficit. Y eso hubiera ocurrido justo cuando se estaba desacelerando la economía, llevándonos a una recesión profunda en el 2015 y el 2016.

La Ley de la Regla Fiscal al fijar metas para el déficit ‘estructural’ (corregido por estos cambios bruscos en precios del petróleo y en el ritmo de crecimiento económico) permitió un ajuste gradual que es el que se ha venido haciendo.

Esa es la gran diferencia entre una regla anticíclica como la que tenemos, al costo de hacerla más compleja y difícil de entender, y una simple pero procíclica como la que propone Anif y que ya fue ensayada y descartada por inconveniente en Argentina y Perú hace varios años.

Como las calificadoras de riesgo y los inversionistas han confiado en que el Comité aplica adecuadamente la regla cada año, y eso conduce en efecto a un ajuste gradual tanto de las cuentas fiscales como las externas, hemos logrado mantener el grado de inversión y acceso a endeudamiento externo abundante y barato tanto para el sector público como para el sector privado, a pesar de la caída en los precios del petróleo y la desaceleración económica colombiana.

Esto es algo muy distinto a lo que le sucedió a Brasil cuando incumplió su regla fiscal en el año 2013 y perdió el grado de inversión (y se precipitó en una recesión que luego se agravó por la crisis política) o a Argentina el año pasado por no tener un proceso de ajuste fiscal creíble.

Veo que parte de la confusión se origina en que hay un proceso de ajuste lento a la meta estructural del 1% del PIB que fija la regla...

Así es. La Ley de la Regla previó un período de transición largo (9 años: entre el 2013 y el 2022) para alcanzar la meta estructural. Me imagino que el Gobierno Santos lo propuso así para que no le tocara hacer todo el ajuste cuando cayeran los precios del petróleo, sino dejarle parte de la tarea a su sucesor.

Cambio de tema: Algunos políticos se preguntan por qué flexibilizaron las metas para darles servicios a los inmigrantes venezolanos y no para atender las demandas de la minga indígena o de otros colombianos pobres.

Eso es inexacto. En todo el mundo las reglas fiscales tienen cláusulas de escape para permitir desviaciones temporales de las metas, sin sacrificar la tendencia sostenible para cuando ocurren choques fiscales grandes e inesperados, como un gran terremoto que destruye parte de un país o una guerra.

A nosotros nos tocó el coletazo fiscal de atender con servicios públicos básicos un crecimiento vertiginoso de la inmigración de ciudadanos venezolanos por el cataclismo económico que ha ocurrido en el país vecino.

El Gobierno nos pidió evaluar esta situación. El costo fiscal adicional hoy, causado por esa aceleración imprevista de la inmigración venezolana, ha sido estimado en cerca del 0,5% del PIB por año en diversos estudios y se prevé que sea temporal, tanto por el hecho de que eventualmente se reducirán los flujos de inmigrantes (aun cuando aún pudieran aumentar durante un par de años), como porque su actividad productiva tendrá, quizá, un impacto positivo en el crecimiento del PIB y de los recaudos fiscales a futuro.

Por eso en esta ocasión, además de las correcciones cíclicas que hubieran llevado a fijar la meta del déficit para 2019 en 2,2% del PIB, el Comité permitió un ajuste con un tope de 0,5% del PIB este año (y por eso la meta quedó en 2,7% del PIB) y unos menores en los cuatro años siguientes (0,4%, 0,3%, 0,2% y 0,1%) de modo que el déficit total tenga una tendencia claramente descendente y converja oportunamente a la meta de la Ley del 1% estructural en el 2022.

¿Por qué si el Comité es independiente el que anunció los cambios fue el Minhacienda?

Así lo dispone la ley y el reglamento, porque el Comité es consultivo. Sus recomendaciones no son obligatorias. Lo que hizo el ministro Carrasquilla, y antes hacía el ministro Cárdenas, es anunciar que el Gobierno acogió esas recomendaciones y explicarlas.

¿Pero sí es suficientemente independiente?

Es independiente pero podría ser más autónomo si tuviera una secretaría técnica propia. Hemos estado discutiendo esta posibilidad con el Ministerio de Hacienda y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pasemos ahora a otro tema. La semana pasada salió el Presidente de la FDN y se cambio la Junta de la que usted era parte. La FDN tenía fama de estar haciendo un buen papel. ¿Qué sucedió?

En efecto, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) ha hecho una gran labor como ha sido ampliamente reconocido en el país y afuera.

Una entidad que inició labores hace apenas seis años se ha consolidado como un referente nacional e internacional y ha logrado movilizar siete billones de pesos de recursos privados, nacionales y extranjeros a favor de las concesiones de carreteras de cuarta generación (las 4G) y otros programas de infraestructura.

Y eso a pesar de que el escándalo de Odebrecht, originado en concesiones anteriores como el caso de Ruta del Sol II, llevó a que los bancos colombianos, que no han podido recuperar todo lo que prestaron de buena fe a ese proyecto, redujeran considerablemente sus prestamos a nuevos proyectos.

Hubo que crear nuevos intermediarios financieros, como los fondos de deuda en los que participan los fondos de pensiones colombianos e inversionistas extranjeros, y nuevos instrumentos como una línea de fondeo en pesos para que la banca multilateral pudiera entrar a fondo.

Clemente del Valle hizo una gran tarea y le dimos todo el apoyo desde la Junta. El Ministerio de Hacienda también ha apoyado mucho a la FDN, especialmente en sus primeras etapas. Y la contribución de los accionistas externos (el IFC, la CAF y Sumitomo) ha sido enorme.

Repito: ¿entonces por qué el Gobierno propició el cambio de presidente de la FDN?

El Gobierno como socio mayoritario está en su derecho de promover un cambio en la dirección. Clemente renunció para facilitar ese proceso.

Como lo convenido por los accionistas y los estatutos determinan que los tres socios mayores deben ponerse de acuerdo en el procedimiento de nombramiento del sucesor y en la persona seleccionada, en la última reunión de la Junta pasada, después de aceptar la renuncia de Clemente, acordamos y anunciamos un procedimiento que involucra un reconocido head hunter para cumplir con ese requisito.

El gobierno corporativo de la FDN es una garantía de que tanto las decisiones sobre los proyectos financiados, como la selección de instrumentos financieros y personal idóneo se hace de acuerdo con estándares de nivel internacional.

Ricardo Ávila Pinto
Director de Portafolio

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