Aunque el país ha dado pasos en la dirección correcta para diseñar e implementar un marco fiscal competitivo con el fin de atraer más inversión para desarrollar proyectos mineros y petroleros, todavía le falta mucho camino por recorrer.
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Así se desprende de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de agosto pasado, el cual analizó los resultados de las políticas impositivas en materia extractiva en 13 países de Latinoamérica y el Caribe (incluido Colombia), con una muestra de 26 proyectos de petróleo y 15 de minería representativos de la región.
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“Se enfoca en la capacidad que tiene el sistema impositivo de cada país para fomentar el desarrollo de estos proyectos de modo que se explote el recurso de manera eficaz y se permita, al mismo tiempo, el flujo apropiado de rentas del proyecto al Gobierno”, resalta el informe del organismo multilateral.
En el inciso que el citado estudio le dedica a Colombia, señala que el marco fiscal que rige al sector de hidrocarburos en el país crea incentivos para el operador con el objetivo de reducir significativamente la tasa de producción de crudo y gas, demorar la aplicación de técnicas de recuperación asistida y reducir el volumen de hidrocarburos recuperados durante la vida útil del yacimiento.
“Estos impactos reducen cerca de un 15% el valor general de los recursos de hidrocarburos (petróleo y gas natural) disponibles en la etapa de exploración y producción en el caso de gas en tierra, y un 30% en el caso de petróleo offshore, aunque este último se reduce al 11% si se emplean las disposiciones especiales para zonas de libre comercio”, subraya el informe.
Pero, a renglón seguido resalta que, a pesar de la cantidad relativamente alta de diferentes impuestos y gravámenes en el desarrollo de las etapas de exploración y producción (E&P), el Goverment Take (GT) de Colombia no supera el de algunos otros países que aplican formas de impuestos mucho más simples.
“El régimen fiscal petrolero de Colombia es regresivo. El Gobierno captura una menor participación en las ganancias en los yacimientos más valiosos y una mayor participación en las ganancias en los yacimientos menos valiosos”, indica el informe del BID.
Para el sector minero, el citado estudio señala que el marco fiscal simple que rige esta industria incluye un impuesto sobre la renta corporativa, un impuesto sobre los dividendos y una regalía sobre los ingresos no operativos cuya tasa varía en función de los commodities.
Incluso, el informe del BID va más allá y subraya que, el régimen es regresivo como resultado de la estructura de las regalías y los impuestos sobre los dividendos, de modo que los proyectos menos rentables verán un mayor GT y una mayor pérdida irrecuperable de eficiencia (PIE).
“Gramalote, que es un proyecto marginal de oro, brinda un ejemplo de esto. Su GT, del 78%, es muy superior al del proyecto de Cerro Matoso (52%). La PIE para esta iniciativa aurífera aumenta del 4,7% al 100% cuando el precio del oro disminuye un 10%, dado que a ese precio el sistema fiscal impide que avance el proyecto, así se pierden US$321 millones de renta antes de impuestos”, explica el informe del BID.
A modo de conclusión con respecto al sector minero, el organismo multilateral señala que el régimen colombiano tiene “el potencial de generar distorsiones significativas en proyectos con márgenes bajos”, aunque parezca relativamente eficaz para proyectos de márgenes mayores, como resultado del GT bajo que surge de la gran regresividad del marco fiscal.
Alfonso López Suárez
