PND: a favor de derechos del capital privado para sector extractivo

Diego Guevara, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional hace un análisis del Pacto IX.

Diego Guevara, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional

Análisis del Pacto IX del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

Universidad Nacional

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Portafolio
marzo 18 de 2019 - 03:35 p.m.
2019-03-18

La apuesta del gobierno Duque en el PND es clara: continuar con un enfoque en el sector primario para mantener el flujo de divisas y aprovechar los recursos petroleros para mantener el grado de inversión del país. Esto a su vez permite continuar financiando el repago de la deuda que ha alcanzado niveles históricos (40% del PIB) y a la vez sostener los programas sociales clientelistas de transferencias condicionadas que dan réditos políticos a su gobierno.

El pacto minero energético insiste en la profundización del sector sin muchos ánimos de transición. Incluso se afirma que “los recursos no renovables en Colombia generan la oportunidad irrepetible de financiar el desarrollo nacional y regional” (DNP, 2019). No obstante no se reflexiona en detalle sobre las consecuencias macroeconómicas de poner toda la esperanza en este sector. En este pacto y en las bases del Plan de Desarrollo parece que pocos conocen las dinámicas de la enfermedad holandesa financiera (Botta et al, 2016), ese fenómeno que se diferencia de la enfermedad holandesa tradicional en que adicionalmente al centrarse en un solo sector y descuidar otros, se acentúa el déficit en la cuenta corriente fruto de los capitales financieros que financian el sector en un principio pero que luego terminan generando salidas netas de capital significativas. Así entonces los riesgos macroeconómicos de insistir en este sector son amplios y en un siguiente choque petrolero ya no tendremos el mismo margen de endeudamiento que hubo ante la caída de precios desde 2014 y las consecuencias pueden ser mas graves.

(Lea: Servicios públicos para la equidad, una de las premisas del PND

El sector minero-energético debe pensarse como una palanca temporal para favorecer otros sectores productivos intensivos en empleo y repensar la industria del mañana con enfoque de largo plazo que desarrolle en el país. Desafortunadamente en el país las rentas del petróleo se orientan a las necesidades del momento sin una política industrial y agrícola consolidada. Paradójicamente el pacto lo reconoce y afirma que en “Colombia, los beneficios generados a partir del desarrollo de proyectos de los sectores minas e hidrocarburos podrán seguir apoyando la financiación de la solución a grandes necesidades” (DNP, 2019,p.625). Incluso el mismo presidente Ivan Duque ha afirmado que hay que “aprovechar la riqueza del subsuelo para acabar con la pobreza de los colombianos.” ( DNP, 2019, p. 622).

(Especial: Análisis completo del Plan Nacional de Desarrollo) 

Un segundo aspecto problemático del plan tiene que ver con la insistencia del gobierno actual en la exploración de los denominados yacimientos no convencionales (YCN), en los que no se reconoce explícitamente que estos yacimientos son principalmente “Fracking”. Esto pareciera hacerse a propósito pues en la sociedad colombiana hay un rechazo generalizado a esta técnica. El pacto es explícito y en él se afirma que “el reto del Gobierno nacional es incrementar las reservas para preservar la autosuficiencia de crudo en el mediano y largo plazo. En este sentido hay dos grandes oportunidades adicionales a las de incrementar los factores de recobro en campos en producción: (i) proyectos costa afuera y (ii) yacimientos no convencionales (YNC)” (DNP, 2019, p.639-640).

Un punto adicional para reflexionar es el reto que plantea el pacto alrededor del relacionamiento con las comunidades, pues los últimos años todas las consultas populares para extracción minera o petrolera en el país han sido derrotadas por un  amplio margen. Las consultas populares eran un derecho adquirido por las comunidades para decidir sobre su territorio sin embargo ante los intereses de los inversionistas estas siendo desmanteladas. De hecho el plan describe como un escenario muy desalentador que “Colombia pasó de tener un puntaje de 62,75 en 2015 en el Índice de Atracción de Inversión a uno de 56,10 en 2017, siendo la principal causa la incertidumbre respecto del marco regulatorio aplicable” (DNP, 2019, p. 628).

El pacto deja un gran sin sabor pues como ya se dijo antes se reconocen las relaciones con las comunidades, pero el énfasis del pacto está inclinado a favor de los derechos del capital privado para la explotación de materias primas. En este punto las dinámicas de relacionamiento no deben ser temporales ni con soluciones transitorias sino con un enfoque integral de reubicación acordada, indemnización y planes de contingencia.

Diego Guevara,
Profesor Escuela de Economía,
Universidad Nacional de Colombia

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