El valor y la protección de los activos de los colombianos

La SIC tiene la oportunidad invaluable de asegurar que las Entidades Reconocidas de Autorregulación amparen el valor de los activos de los ciudadanos.

Activos

Lo que está en juego no son solo los activos, sino la posibilidad de tener alertas sólidas en la lucha contra la corrupción.

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abril 10 de 2019 - 10:15 p.m.
2019-04-10

¿Cómo se detectan casos de corrupción como el de Odebrecht si los estados financieros no reflejan la realidad económica de la empresa? ¿Cómo se garantiza la correcta aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), si los activos no están adecuadamente valorados? ¿Cómo se crea un mercado secundario para las garantías mobiliarias, si no hay confianza en el valor asignado a los intangibles? ¿Cómo asegurar que los valores de los inmuebles incluidos en las escrituras públicas, son reales?

La respuesta a estos interrogantes tiene un denominador común. A través de avalúos fidedignos y fielmente realizados sobre los inmuebles de las personas y los activos de las compañías, tales como marcas, patentes y demás intangibles que estén involucrados en su operación, los colombianos pueden tener seguridad sobre el valor de sus propiedades, el Estado va a poder prender las alarmas a tiempo para evitar la corrupción y la evasión, y el sector financiero va a tener la tranquilidad de conceder sus préstamos contra garantías mobiliarias.

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Aunque la respuesta puede parecer obvia, lo cierto es que, solo a partir de 2013, con la Ley del Avaluador y la creación del Sistema de Autorregulación en materia valuatoria, el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), quedó facultado para supervisar tanto el modelo, como a las Entidades de Autorregulación de Avaluadores (ERA) que lo implementan, y sancionar a las personas que realizan avalúos o peritazgos de valor sin contar con el correspondiente Registro que los acredita como avaluadores y que los deja bajo la tutela disciplinaria de una ERA.

AVALUADORES VIGILADOS

Solo hasta 2016, surgió la primera ERA, el Autorregulador Nacional de Avaluadores A.N.A., una figura similar al Autorregulador del Mercado de Valores, que tiene como funciones las de registrar, vigilar y disciplinar a los avaluadores del país que violen el código de ética de la actividad.¡ Actualmente, ANA tiene registrados más de 2.963 avaluadores en 13 especialidades.

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En esta entidad participan gremios como la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad Colombiana de Economistas, la Sociedad Colombiana de Avaluadores, el Registro Nacional de Avaluadores, Fedelonjas y 12 lonjas de propiedad raíz regionales.

La Ley estableció la posibilidad de que pudieran autorizarse varias ERA, lo que le impone a la SIC el gran reto de garantizar que los usuarios del servicio valuatorio,
tengan avaluadores que sean supervisados y vigilados de manera homogénea, con el mismo rigor, de tal manera que el plano de competencia entre avaluadores tienda a elevarse para que el mercado funcione en óptimas condiciones.

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La confianza del mercado sobre el sistema se basa en que la SIC verifique que las entidades autorizadas como ERA, además de cumplir los requisitos formales para autorizarlas, prevengan el conflicto de interés, para que se garantice la idoneidad del avaluador y que este cumple con la normatividad vigente, independientemente de la ERA a la que pertenezca.

CONOCIMIENTO

Para ello, los avaluadores deben tener un conocimiento técnico profundo, realizar cálculos matemáticos complejos, enmarcados en el enfoque requerido según el objetivo señalado en el encargo valuatorio. Estos cálculos y criterios, deben ser susceptibles de verificación, y sus conclusiones, sustentables.

Las ERA deben garantizar que están registrando a avaluadores que tienen los conocimientos específicos para cada una de las 13 categorías que existen, y que van a ejercer idóneamente sus funciones de supervisión y control.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

La SIC tiene en sus manos la oportunidad de asegurar que las ERA, desarrollen correctamente las funciones a su cargo, atenuando el riesgo social que la actividad representa. Lo que está en juego no son solo los activos, sino la posibilidad de tener alertas sólidas para la lucha contra la corrupción, la efectividad de la Ley de Financiamiento y del Plan Nacional de Desarrollo.

Precisamente, los avalúos se convierten en uno de los factores de éxito de la Ley de Financiamiento y de la correcta aplicación de las normas NIIF. Por ejemplo, para estas últimas, el avalúo de los activos fijos y los activos productivos, debe obedecer a la realidad de mercado, ya que, si se presenta el efecto de subvaloración, implicaría un menor recaudo de impuestos por eventuales tributos calculados sobre renta presuntiva. Pero si se sobrevaloraran, pueden dar lugar a una distorsión en los niveles de riesgo y cupos de endeudamiento.

En el caso del Plan Nacional de Desarrollo, los avalúos adquieren una dimensión que no tenían en ninguna de las cartas de navegación de los gobiernos anteriores. Pasaron de estar enfocados en los proyectos de 4G y las obras de infraestructura, a ser fundamentales para el desarrollo de la economía naranja y la actualización catastral del país.

El Estado va a destinar en los próximos años, un total de $3,4 billones de pesos para la implementación del Catastro Multipropósito. Por su parte, el Plan Plurianual de Inversiones, para los próximos cuatros años, ascenderá a un valor de 1.100 billones de pesos de 2018. *(Bases del PND). A.N.A. estima que el monto de los bienes a valorar en las diferentes categorías, equivale al 17% del PIB.

Al dimensionar estas cifras, la actividad de un avaluador cobra mayor importancia en aras de garantizar la idoneidad de las personas que tienen a cargo esta responsabilidad, la seriedad de las ERA que los autorregulan y el papel de la SIC en la protección de los usuarios de avalúos, lo que en ningún caso puede ponerse en riesgo, por la competencia entre las ERA.

Alexandra Suárez

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