Los contratos con Rappi no son informales. Así lo aseguró este lunes la Ministra de Trabajo, Alicia Arango Olmos, al pronunciarse sobre las protestas de los rappitenderos la semana pasada, quienes exigían mejoras en su condición laboral.
De acuerdo con la ministra, los contratos realizados con la plataforma “son contratos independientes que hace el trabajador con la empresa o plataforma y ese contrato no implica, por parte de la plataforma, la obligación de pagar seguridad social y pensión”.
En sus declaraciones, Arango señaló que la problemática de los rappitenderos presenta varias aristas y no solo afecta a los trabajadores de la plataforma, sino al 44% de los ciudadanos en Colombia que ganan menos del salario mínimo.
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Aseguró que esta situación está violentando los derechos de los colombianos más pobres y es necesario mejorar sus condiciones laborales. “En Colombia el 44% de los trabajadores gana menos del salario mínimo, incluidos los de Rappi, y cuando un ciudadano gana menos del salario mínimo, desafortunadamente en el país no tiene derecho a nada”, explicó la jefe de la cartera.
Al respecto, la ministra enfatizó en la necesidad de implementar la contratación por horas en el país. “Tenemos que proteger a los colombianos que ganan menos del salario con una ley que permita la cotización por horas y que de una vez evite los abusos. La idea es que por cada hora que se trabaje en Colombia el trabajador tenga derecho a pensión y a salud”, afirmó Arango.
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Según Arango, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se estableció el piso de protección social que pretende que los trabajadores de tiempo parcial y que ganan menos del salario mínimo, tengan la oportunidad de tener una renta vitalicia. “El empleador tiene que poner el 15%, el gobierno pone el 20% sobre el valor ahorrado y el trabajador no pone un peso”, aseveró.
De igual manera, afirmó que con el PND el gobierno está obligado a solucionar otra problemática que se presenta con las nuevas formas de trabajo que ha traído la economía colaborativa: la reglamentación de las plataformas digitales.
“Nosotros tenemos la obligación de reglamentarlas este año tal y como quedó en el PND en el artículo 205. El gobierno tiene que reglamentar, no solo a Rappi, sino a todas las plataformas que prestan distintos servicios”, recalcó Arango. “La tecnología ha traído cambios en la manera de trabajar y Colombia tiene que hacer frente y adaptarse, porque el mundo no la va a esperar”, agregó la ministra.
El pasado jueves 4 de julio, cerca de 100 repartidores a domicilio pertenecientes a Rappi quemaron sus mochilas naranjas frente a las oficinas ubicadas en el norte de Bogotá para exigir mejores condiciones laborales y que la empresa se haga responsable de su salud en caso de sufrir un accidente.
Uno de los manifestantes aseguró que protestaron por "las irregularidades que se presentan con el pago de los domicilios" que están realizando. "Es algo injusto lo que recibimos por cada domicilio. Quienes se están llenando los bolsillos son ellos. Uno es el que tiene el trabajo en la calle", dijo este ‘rappitendero’, como se conoce a estos repartidores.
Otro de los que protestaban aseguró que por un pedido por valor de 45.000 pesos ellos reciben menos de un dólar.
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