A mediados del mes de mayo, se celebró en la Organización Internacional del Trabajo la “Reunión de expertos en acciones sindicales relativas al trabajo decente para personas con discapacidad” con una nutrida presencia de representantes de organizaciones sindicales de diversos continentes, que debatieron sobre los principales desafíos en materia de efectividad del marco de intervención internacional y nacional, para la promoción de inclusión laboral de personas con discapacidad.
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Las principales conclusiones se orientan a la necesaria aplicación y efectividad de las directrices contenidas en el Convenio 159 de la OIT, sobre readaptación profesional de 1983 y la Convención sobre Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas de 2006, que constituyen el marco internacional de referencia sobre las medidas para asegurar que las personas con discapacidad, que representan el 15% de la población mundial, puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones, temática que por su importancia se incorpora además al elenco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Como punto de partida, el diseño de la política de inclusión está determinado por la conceptualización de la discapacidad, que va más allá del dictámen médico para dar paso a la noción moderna como una relación con el contexto y las barreras que impiden el acceso a servicios sociales y el disfrute de derechos que en el ámbito laboral va más allá de las “puertas de la fábrica”.
El principal desafío está centrado en el cambio de paradigma en la estrategia de inclusión laboral de las personas con discapacidad, para superar el enfoque asistencial y caritativo hacia la dimensión de acceso al derecho del trabajo decente, como parte del ejercicio de una labor que permita su realización como ciudadano y el acceso al conjunto de bienes y servicios para asegurar su ingreso vital y su consecuencial autonomía social.
En Colombia, el principal obstáculo para la realización de derechos laborales de las personas con discapacidad, ha estado constituido por la centralidad y exclusividad del debate en torno a los alcances del esquema de estabilidad reforzada establecido para los trabajadores con discapacidad.
En este sentido, el diseño de inclusión laboral en nuestro país se ha reducido a la protección de los trabajadores vinculados al sistema laboral quienes gozan de la garantía de control administrativo, por parte del Ministerio del Trabajo, al momento de la terminación para verificar la ausencia de conductas patronales disciminatorias de los trabajadores con discapacidad quienes son sujetos especialmente vulnerables.
Así las cosas, la limitación del debate a la protección de la estabilidad reforzada de los trabajadores con discapacidad, ha redundado en resago de las temáticas de remoción de barreras actitudinales, comunicativas y físicas que impiden el acceso y disfrute de los derechos laborales individuales y colectivos.
En Colombia, según datos oficiales, el 6,3% de la población nacional sufre algún tipo de discapacidad, al tiempo que menos del 5% cuenta con un trabajo u ocupación que revela el carácter asistencial del enfoque que limita el acceso a derechos como el trabajo que garantizan el acceso a medios vitales.
El diseño de los servicios de seguridad social en cabeza de la pensión de invalidez, están estructurados sobre la pérdida de capacidad laboral para aumentar las prestaciones en función del grado de discapacidad y castigar la rehabilitación con una revisión médico-científica cada tres años, que desestimula la recuperación con la disminución y/o pérdida de las pensión, en caso de aumento de la capacidad laboral.
Al tiempo, la denominada Ley Clopatofsky (Ley 361 de 1997) establece expresamente la compatibilidad del disfrute de la pensión de invalidez y los salarios de una relación laboral, siempre que no provengan del tesoro público en el sentido de estimular la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad.
En este orden de ideas, deben precisarse los alcances de la revisión del estado de invalidez que fundamenta la pensión, para incorporar elementos de acceso al sistema de relaciones laborales, que no sea afectado por la revisión trienal como la incorporación del concepto de segunda actividad en virtud del cual, en caso de desarrollarse una habilidad diversa de aquella en función de la cual se calificó la pérdida de capacidad para acceder la pensión, no debe afectarse la calificación del grado de invalidez.
De cara a la implementación de los acuerdos de paz, como compromiso de la formalización laboral agraria se encuentra la promoción de la vinculación laboral de las personas con discapacidad que supone un reto mayúsculo en el marco de la superación de barreras con enfoque agrario del proceso de reintegración de excombatientes y reparación a las víctimas por conducto del acceso al sistema de relaciones laborales en el posconflicto.
Así las cosas, resulta recomendable, incluir estrategias complementarias de incentivos tributarios y cuotas de contratación en las unidades de producción que permitan y garanticen el acceso al trabajo, como derecho fundamental para estimular la inclusión de las personas con discapacidad a partir de ajustes razonables en el ámbito laboral, que fundamenten la estructuración de políticas públicas que cuenten con la participación de organizaciones representativas sin soslayar el lema “nada sobre nosotros sin nosotros”.
Iván Daniel Jaramillo Jassir
Observatorio Laboral Universidad del Rosario
Especial para Portafolio
