Las acciones para recuperar aproximadamente 50 billones de pesos que anualmente se evaden por impuestos en Colombia empiezan por la ‘caza’ que hace mes a mes el Gobierno Nacional.
Más exactamente es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reportó que entre el año pasado y lo que va del 2018, se han recuperado más de 14 billones de pesos y, de hecho, la meta para este año es llegar a más de 17, contando ambas vigencias.
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Santiago Rojas, director de la Dian, explicó durante la rendición de cuentas de la entidad: “Es importante decir que el año pasado, la gestión de la Dian sumó 9,8 billones de pesos, es decir, le aportamos un punto del PIB al país fruto de la gestión de las áreas de cobro y lucha contra la evasión”.
Asimismo, agregó que en el primer semestre del año se lograron recuperar 4,4 billones de pesos, cifra que a final del 2018 superará los 7,3 billones de pesos, es decir, caería levemente. No obstante, el director de la Dian aclaró que esto se debe a que el 31 de diciembre del año pasado terminó la vigencia del impuesto a la normalización (‘una amnistía decretada).
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DESANGRE
A pesar de lo anterior, la recuperación de activos por parte de la entidad es de gran talante, si se tiene en cuenta que representa un punto del PIB que ayuda a aliviar en algo las finanzas públicas, aunque el llamado hecho por la Dian es que estas prácticas no se vuelven un plato diario.
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De hecho, en su explicación, Rojas detalló que hay un grupo de pequeños y medianos empresarios que, a pesar de que la evasión ya esté tipificada como delito penal, aún hacen pasar estos recursos como inversión en capital humano o infraestructura, lo cual es falso.
Las prácticas de cobro y gestión por parte de la Dian han estado, en buena parte, enmarcadas en las acciones que los funcionarios vienen haciendo para recuperar la cartera de los contribuyentes. Incluso, de enero a abril –para este fin– se llevaron a cabo acercamientos con más de 160.000 clientes.
Asimismo, indicaron que la meta mensual de recaudo efectivo es de 500.000 millones de pesos, la cual han cumplido en lo que va del 2018, e incluso, en algunos han logrado más del 120 por ciento de efectividad.
MAYOR ALCANCE
Este panorama de recuperación fiscal hace parte de una de las estrategias para aumentar el recaudo tributario en Colombia, que es uno de los dolores de cabeza para el cumplimiento de las metas fiscales anuales, y de hecho, es una de las cosas que el presidente electo, Iván Duque, ha prometido combatir con mayor fuerza.
En parte, planea hacerlo con un mayor fortalecimiento a la Dian, la masificación de la facturación electrónica y un aumento de la digitalización de impuestos y trámites, que quedarían consignados en la reforma tributaria que presentaría el mismo Duque el próximo 7 de agosto, luego de su posesión presidencial.
En cualquier caso, el derrotero que quede en dicho proyecto de ley tendría que responder a ajuste fiscal que, según el centro de estudios económicos Anif, debería llevar a que el recaudo total llegue a niveles regionales de entre 16% y 17%.
Para esto, una de las acciones de las que habló en su momento Sergio Clavijo, director de Anif, es que se deben combatir la evasión, fortaleciendo la Dian y estableciendo mayores sanciones, sobre todo porque –agregó– “un reporte de la Ocde dejaba mal parada la integridad de la Dian, pues la consideraba una entidad proclive a la corrupción y con un obsoleto capital humano (elevada edad y el grueso de ellos iletrados en materia de manejo de big data).
Entre tanto, a esta gestión se ha sumado la masificación temprana de la factura electrónica, cuya facturación ya está cerca de los 60 billones de pesos, a pesar de que solo hasta el 1.° de septiembre comenzará a ser obligatoria para grandes contribuyentes y que desde el 1.° de enero del próximo año lo será para todos los responsables de declarar y pagar IVA e Impoconsumo.
PROPUESTA DE LA REFORMA
Para el centro de estudios económicos Anif son cuatro los puntos claves que debe tener en cuenta el nuevo gobierno a la hora de tramitar su reforma tributaria, si quiere llegar a un recaudo tributario de algo más de 16% del PIB.
El primero eliminar los contratos de estabilidad tributaria (“a todas luces inconstitucionales, pues no se puede delegar en el Ejecutivo la facultad congresional de reformas tributarias”); el segundo, abolir la tributación preferencial a las zonas francas; el tercero es incrementar la tributación de las personas naturales, y el último, acabar con los tratamientos “especiales” en materia del impuesto al valor agregado (IVA).
