La alcaldesa de la capital del país, Claudia López, terminó imponiendo su voluntad, en el pulso que sostenía desde principios del presente año con la actual presidenta del Grupo Energía Bogotá (GEB), Astrid Álvarez.
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La razón, luego del tira y afloje por casi cinco meses entre las dos funcionarias, la líder del conglomerado empresarial terminaría por dejar su cargo en el próximo mes de junio.
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Así lo pudo establecer este diario, al constatar con varias fuentes internas del citado grupo bogotano, que la salida de Álvarez de la presidencia de la GEB se daría por no existir un entendimiento y sincronización con los miembros de la nueva junta directiva, a pesar de los buenos resultados de la funcionaria.
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Incluso, si bien existe una cordial relación entre Álvarez y López, es de público conocimiento que a la alcaldesa le causó malestar la manera como la presidenta del GEB, a escasas tres semanas de terminar su gestión, la presidenta del conglomerado bogotano logró que la anterior junta directiva la ratificara en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2021.
“La Junta Directiva (anterior) la ratificó debido a su buena gestión y resultados. El proceso fue público, se realizó con base en el acuerdo de accionistas y bajo las normas que rigen el gobierno corporativo, que buscan precisamente evitar que lo político tenga ingerencia en el manejo de la empresa. Nada fue a escondidas, ni a última hora”, subrayaron en ese momento voceros del GEB.
CAMBIO EN EL MANDO
Cabe recordar que el Distrito Capital sigue siendo el accionista mayoritario del GEB con el 65,7%. Así mismo, hacen parte del conglomerado los fondos de pensiones con el 21,2% de los títulos, y los inversionistas naturales con el 7,9%.
Precisamente, al ser la Alcaldía Mayor su principal propietario, convocó a una asamblea extraordinaria el pasado 31 de enero, en la que se escogió la nueva junta directiva.
Así, mientras la actual presidenta del GEB viene preparando el terreno para su salida en los últimos meses, situación que acordó con los miembros de la nueva junta, estos también se organizaron para buscarle el reemplazo a Astrid Álvarez.
En marzo, se dieron a la tarea de buscar una Head Hunter (firma cazatalentos) para que adelantara el proceso de selección, y en la junta de abril designaron a la firma Hays para que encontrara el reemplazo de la actual presidenta.
El perfil profesional que trazó esta firma cazatalentos, busca que el próximo presidente del GEB sea un ingeniero con Maestría en Administración, o Economista o Administrador de Empresas con Maestría en temas energéticos.
Además, debe poseer un amplio conocimiento del sector de energía eléctrica y gas natural, con al menos 10 años de experiencia en cargos directivos con empresas “de primer orden del sector” o afines, debe dominar el inglés y tener un manejo del portugués, y con conocimiento en la emisión de valores y temas financieros.
EN BLANCO Y NEGRO
La gestión de Astrid Álvarez al frente del GEB al mismo tiempo que ha sido reconocida por sus buenos logros operacionales y financieros, también es blanco de cuestionamientos a su misma tarea.
En el primer tema, los ingresos operacionales del conglomerado bogotano en el 2019 alcanzaron los $4,9 billones, lo que representa un aumento del 22,2% frente al mismo periodo del año anterior. Por su parte, la utilidad neta fue de $1,85 billones, que corresponde a un crecimiento de 5,6% frente al 2018. Y el Ebitda pasó de $2,64 billones a $3,12 billones, con una variación de 18,1%.
Entre los principales logros está la adquisición que realizó de los activos del Grupo Dunas en Perú con 245.000 clientes.
En Brasil, junto con Red Eléctrica Internacional de España, presentó una oferta para adquirir conjuntamente la compañía de transmisión Argo Energía, que tiene 1.460 kilómetros de líneas.
Y en Colombia, el Grupo siguió creciendo en el negocio de Transmisión, con 1.655 kilómetros de líneas, y con TGI, (filial en el transporte de gas) con 4.016 kilómetros de gasoductos y una participación del 54% del mercado.
Además, en Perú, con sus compañías Cálidda y Contugas, sumó en el 2019 más de un millón de clientes, y en Guatemala, con Trecsa, avanzó en más del 70% en el montaje de proyectos de infraestructura de energía.
Pero, la otra cara de la moneda corre por cuenta de una orden de embargo al sueldo de la presidenta Álvarez por parte de la Contraloría Distrital.
La medida hace parte del proceso de responsabilidad fiscal que abrió el ente de control luego de verificar que Álvarez, presuntamente habría omitido verificar los soportes y dio aval para pagar más de $2.040 millones a la empresa Berkeley Research Group (BRG).
Según la Contraloría Distrital, la presidenta del GEB aparece como presunta responsable por posibles faltas administrativas y disciplinarias ya que al parecer habría omitido verificar los soportes del cumplimiento del dictamen y habría dado aval a los pagos.
Al paso de las aseveraciones del ente de control, voceros del GEB afirmaron que todos los soportes del contrato que se firmó con BRG fueron presentados a la entidad, así como otra información contable requerida del caso, incluso desde el inicio de la investigación.
Cabe recordar que BRG, es la misma multinacional vinculada a la investigación penal por interceptaciones ilegales realizadas contra pilotos sindicalistas de Avianca, contra el director general de Enel en Colombia, Lucio Rubio y contra el abogado Felipe Jaramillo, estos dos últimos contraparte en un litigio jurídico contra el mismo GEB.
El caso también fue remitido por la Contraloría Distrital a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General para que ambas entidades determinen si existen eventuales responsabilidades penales y disciplinarias.
