En vigor, obligaciones por Plan de Desarrollo

Tras la firma del presidente Iván Duque, comienzan, entre otras, el cobro de una sobretasa de energía para salvar a Electricaribe.

Iván Duque

El presidente Iván Duque durante la sanción del PND.

César Carrión - Presidencia

POR:
Portafolio
mayo 26 de 2019 - 08:00 p.m.
2019-05-26

Con la firma que el presidente Iván Duque estampó el pasado sábado a la ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Gobierno le dio vía libre a sus 336 artículos y más de $1.000 billones en inversiones.

(Lea: Presidente Iván Duque sancionó el Plan Nacional de Desarrollo)

Durante la firma del Plan, el presidente de la República dijo que “Nuestro país no puede perder el optimismo, porque este es un país de optimistas, de personas resilientes y trabajadoras. Nuestra economía está creciendo, ya empezó a recuperarse”.

(Lea: Esto dijo Duque sobre aprobación del Plan de Desarrollo en el Congreso)

Y agregó que “el mundo está viendo a Colombia como un lugar para invertir, como un lugar para desarrollar importantes iniciativas empresariales en distintos sectores”.

(Lea: Duque no ve cambios en la meta de crecimiento de la economía para 2019)

Vía libre
Uno de los puntos que comenzará a regir a partir de este mes será el alza en las tarifas de energía para los estratos 4, 5 y 6, al igual que para las industrias y comercios, que verán incrementar sus facturas, al haberse aprobado la sobretasa de $4 por kilovatio consumido, como salvavidas financiero para Electricaribe.

Con este nuevo impuesto, el Gobierno espera recaudar unos $200.000 millones cada año de aquí al 2022, es decir, unos $800.000 millones, en total, que irán al pago de las obligaciones financieras en las que incurra el Fondo Empresarial de la Superservicios para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe.

Asimismo, con la entrada en vigencia del PND, empiezan a regir los nuevos aranceles para las importaciones de textiles, que si bien están pendientes del examen por parte de la Corte Constitucional, hasta que este tribunal no los desmonte tendrán que aplicarse.

Según Analdex y Fenalco, “la decisión que tomó el Congreso tendrá un impacto directo en las clases media y baja, que tendrán que pagar hasta 25% más en sus compras de vestuario”.

Lo anterior, no obstante, tendrá que dirimirlo la Corte Constitucional, que entrará a estudiar la ley que fue aprobada por el Congreso de la República, y que fue firmada por el presidente Duque.

Entre tanto, otros aspectos sí comenzarán a tener vigencia, entre los que esta un artículo que le da vía libre al fortalecimiento de los Beneficios Económicos Periódicos (Beps).

Esto, si se tiene en cuenta que las personas que no logren pensionarse verán cómo sus ahorros son trasladados al fondo de los Beps, siempre y cuando no manifiesten su interés de recibir los recursos directamente.

Esto, no obstante, tendrá que ser reglamentado por el Gobierno de tal modo que se dicten reglas claras acerca del tema y las especificaciones que deben entregar las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

La venta de activos por parte del Estado también será una de las nuevas reglas con las que contará el Ejecutivo.

En el artículo 45 se dio vía libre a que las entidades estatales de cualquier orden puedan vender “participaciones accionarias en las cuales la propiedad haya sido producto de un acto en el que no haya mediado la voluntad expresa de la entidad pública (...), siempre y cuando esta participación no supere el 49% de la propiedad accionaria de la sociedad”.

Lo anterior, le permitirá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público lograr la meta de enajenar activos por unos $6 billones este año, tal y como lo consignó en su Plan Financiero del 2019.

Otros cambios
Así mismo, las regiones sentirán una reducción en sus ingresos por concepto de juegos de suerte y azar, por cuenta de un punto incluidos en el trámite del PND en el Congreso.
Se trata del artículo 61, que cambia las reglas para el pago que hacen los operadores de juegos de suerte y azar, y sus aportes a las finanzas territoriales.

Y es que hasta hace poco, los privados pagaban a título de derecho de explotación el 12% sobre los ingresos brutos, pero ahora el monto será definido “sobre el valor registrado en el contador de entrada de las máquinas”.

Este ajuste cambia la base del cálculo con que los operadores cancelan sus giros al Estado, y llevaría a que los municipios y departamentos dejen de percibir unos $200.000 millones cada año.

El abanico de temas contenidos en el PND incluye de todo, y los sectores de minas y energía, y cultura no son la excepción.

Sobre el primero, entre otras, el Gobierno tendrá vía libre para contratar coberturas petroleras, es decir, seguros que le permitan protegerse fiscalmente a las empresas hidrocarburiferas con operación en el territorio nacional, en caso de que los precios internacionales del crudo aumenten o se desplomen.

En tanto, sobre el segundo, se legisló que las plataformas que trasmitan videos en streaming (como Netflix o HBO Go) tendrá que contar con una cuota nacional entre su oferta de series y películas, aunque primero esto debe ser reglamentado por el Gobierno Nacional.

Esta última tarea también la tendrá el Ejecutivo, frente a las plataformas de economía colaborativa (como Uber Eats, Rappi y Domicilios), para las cuales –de aquí al próximo año– tendrá que presentarle al Congreso un proyecto de ley que defina.

“La forma de vinculación correspondiente de los actores del sector y el acceso y aporte a la seguridad social integral, subraya en uno de los apartes del Plan Nacional de Desarrollo".

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