Imputarán a cuatro alcaldes y un gobernador por contratos irregulares

Fiscalía, Contraloría y Procuraduría revelaron resultados conjuntos para evitar irregularidades en la contratación de programas durante la emergencia.

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Portafolio
junio 17 de 2020 - 02:58 p.m.
2020-06-17

Este miércoles, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba; el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, dieron a conocer nuevos resultados de las acciones conjuntas para evitar irregularidades en la contratación de programas y servicios para superar la emergencia sanitaria por el Covid-19.

En esta tercera entrega, el fiscal Francisco Barbosa señaló que se verificaron 180 nuevos contratos que se suman a los más de 3 mil que han sido revisados por el ente investigador en el marco del plan articulado de las autoridades de control.

Así mismo, la Fiscalía anunció que en 32 departamentos del país, en las últimas dos semanas, se abrieron 177 indagaciones penales por hechos de corrupción.

La Fiscalía informó, además, que debido a las investigaciones adelantadas por la entidad se tienen elementos para imputar y pedir medidas de aseguramiento a otras 17 personas, entre funcionarios y contratistas. 

(Pekín endurece medidas por temores a rebrote del coronavirus). 


En su intervención, el fiscal Barbosa también dijo que se imputarán cargos por delitos de interés indebido en contratos, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y diversos tipos de peculado a los alcaldes de Necoclí y Barbosa (Antioquia), así como a los alcaldes de San José de Miranda (Santander) y El Charco (Nariño). Además dijo que se imputarán cargos al suspendido gobernador de Chocó, Ariel Palacios para el que además se pedirá una medida de aseguramiento.

El Fiscal también dijo que hay 17 personas contra las que se están solictando audiencias para imputarles cargos a funcionarios y a dos oficiales y un suboficial del Ejército Nacional.

(Denuncian sobrecostos en contratos de alimentos y salud en cuarentena). 


Barbosa dijo que en la Fiscalía se han tomado decisiones sobre 14 alcaldes en tres semanas, pero también afirmó que hay que tener en cuenta que "hay una gran mayoría de funcionarios que lo están haciendo bien". Por eso, dijo, "este escenario es para decir que estas entidades no son entidades para perseguir la función pública, sino a aquellos que se desvían de la función pública”.

Por su parte, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, informó que durante la emergencia generada por el Covid-19, la entidad avanzó en la priorización de 2.376 casos, de ellos 813 corresponden a procesos disciplinarios y 1.563 actuaciones preventivas para evitar vulneración de derechos.

De los 813 procesos disciplinarios, 82 corresponden a 27 gobernaciones. De este grupo 66 se encuentran en indagación, 12 en investigación y avanzan los juicios disciplinarios contra los gobernadores de Arauca y Vichada. 

Así mismo, hay 593 procesos disciplinarios a 396 alcaldías, en procesos en los que ya han sido suspendidos 10 alcaldes. 

Además, la Procuraduría abrió investigación contra el alcalde de Lérida (Tolima), por presunta omisión en la toma de medidas para prevenir el contagio de coronavirus en el municipio y así como al concejal de Sabanalarga (Atlántico), Alexi Rafael Díaz, por presunto incumplimiento de las normas de aislamiento preventivo y distanciamiento social establecidas para la contención de la covid-19. 

LUPA A LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS


El procurador general Fernando Carrillo y el Fiscal General afirmaron que se le va a poner lupa a los financiadores de campañas locales que están obteniendo contratos de coronavirus.

Según Barbosa, se ha detectado 44 contratos de aportantes en campañas: 6 de ellos a gobernaciones, 37 para alcaldías y un aportante a edil.

El procurador Carrillo aseguró que, tomando como base una alerta que lanzó la ONG Transparencia por Colombia junto con otras organizaciones, hay por lo menos 117 financiadores de campañas locales que aportaron 4.700 millones de pesos y recibieron contratos más de 12.500 millones de pesos.

"En el 95 por ciento de los casos, el valor del contrato supera 10 o 15 veces el valor del aporte”,
dijo Carrillo. Por eso, señaló el Procurador, "está clarísimo que esto es un pago de favores a financiadores de campaña”, dijo.

Por su parte, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, informó que se han revisado por 3,9 billones de pesos celebrados durante la emergencia sanitaria por el Covid- 19, que equivalen al 19 por ciento de todos los contratos celebrados por entidades públicas en lo que va corrido del año, que superan los 20,6 billones.

En esos contratos, el 62 por ciento ha tenido como objetivo comprar alimentos, insumos médicos y elementos de bioseguridad, con costos de 2,4 billones de pesos. El 38 por ciento restante son contratos de prestación de servicios que suman 1,5 billones.

En esta revisión, el organismo afirmó que ha emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos que, en promedio, son del 21 por ciento en los contratos. Esos sobrecostos sumarían unos 484.000 millones de pesos, de los cuales el 40 por ciento, unos 193.000 millones, corresponde a contratos realizados por 25 gobernaciones.

Eso significa que los sobrecostos encontrados crecieron en un 15,4 por ciento, con respecto al último reporte que era del 15 de mayo, pues en esa fecha los sobrecostos estimados eran de 419.000 millones.

Además, dice el organismo, sus alertas han llevado a las administraciones a renegociar contratos que antes valían 101.000 millones de pesos, reduciendo su monto a 54.0000 millones.

En un nuevo reporte sobre los avances en las investigaciones que se están desarrollando por la contratación en el marco de la pandemia de coronavirus, la Contraloría General informó que abrió tres procesos de responsabilidad fiscal contra el Gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, por un presunto detrimento de 2.212 millones de pesos.

A Orozco la Contraloría lo investiga por presuntos sobrecostos en dos contratos para suministrar kits de alimentos y de aseo y por el pago de mayores valores, así como gastar más dinero en una intermediación que era innecesaria en un contrato para divulgar campañas sobre el coronavirus.

Uno de esos contratos investigados se firmó el 26 de marzo pasado con la empresa Sierra Pineda S.A.S. Mientras los kits costaban en total en el mercado, según los precios de referencia del DANE, unos 4.002 millones, el gobernador pagó en el contrato 5.154 millones de pesos, para un presunto sobrecosto en ese caso de 1.151 millones.

El segundo contrato por el que es investigado Orozco se firmó el primero de abril con la firma Enred Gropu S.A.S, por 5.000 millones de pesos. En ese caso, los sobreprecios serían de 827 millones.

El tercero proceso en su contra tiene que ver con un contrato con la empresa Leon Gráficas S.AS., en el que se habría causado un presunto detrimento de 143 millones de pesos. En esa investigación, la Contraloría dijo que la labor que desempeñó el contratista puede calificarse como "una mera intermediación en allegar a los medios de comunicación la pauta elaborada y entregada por el departamento para que fuera transmitida, a pesar de que dicha actividad podría haber sido desarrollada directamente por la administración, que contaba con el personal idóneo para ello".

Pese a esto, asegura la investigación, la gobernación decidió tercerizar ese proceso y reconocerle al contratista mayores valores entre un 38 y 55 por ciento que "no están justificados".

Incluso, señala la Contraloría, en algunas de las pautas se exaltaba la figura del gobernador y nada tenía que ver con la promoción de la salud y prevención del coronavirus. Así, había cuñas de un minuto que nombraban el nombre de Orozco tres veces.

Pero además de estos casos, el organismo aseguró que abrió procesos de responsabilidad fiscal, también por presuntos sobrecostos, contra el alcalde de Cartagena, Willliam Dau Chamat, por un detrimento que sería de 193 millones.

También se abrió un proceso fiscal contra el gobernador de Guainía, Juan Carlos Iral Gómez, por un presunto daño al erario de 112 millones en la compra de víveres.

La Contraloría también abrió investigaciones fiscales por sobrecostos en contratos del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres en Casanare, por 236 millones, así como del municipio de Girardot por 54 millones, y la alcaldía de Chiriguana (Cesar) por 24 millones.

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