El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció este viernes la instauración de una demanda por unos 2.800 millones de dólares contra contratistas de la hidroeléctrica más grande de Colombia, cuya construcción ha sido objeto de atrasos y sobrecostos.
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La decisión se tomó tras el fracaso de la negociación iniciada en agosto entre Empresas Públicos de Medellín (EPM), responsable de desarrollar el proyecto y presidida por el alcalde de la ciudad, y constructoras, diseñadoras e interventoras de la megaobra.
La demanda busca "recuperar los recursos públicos involucrados en (...) todos los problemas previos que tuvo el proyecto. 9,9 billones de pesos" que "son los recursos de todos los colombianos", indicó Quintero en un video colgado en su cuenta de Twitter.
Con un presupuesto inicial de unos 1.700 millones de dólares, la construcción pasó a insumir el equivalente a 3.700 millones y se espera que comience a generar energía en 2022, cuatro años después de lo previsto.
En diciembre, la Contraloría General de la República imputó a 28 exfuncionarios y excontratistas de la obra por su presunta responsabilidad fiscal en el retraso y sobrecosto millonario de la obra, generado por una "cadena de errores". Hidroituango entró en emergencia en abril de 2018, rozando incluso el colapso a raíz del desbordamiento del río Cauca, lo que obligó a evacuar a 25.000 personas.
Un derrumbe bloqueó el túnel de desviación del afluente, lo que provocó que el embalse se empezara a llenar sin estar terminado a la altura del vertedero, por donde debió seguir el cauce.
Expertos han dicho que la urgencia pudo deberse a errores de ingeniería, a cambios sobre la planeación del proyecto e incluso a una política de menores costos en el diseño de la obra que debe cubrir una quinta parte de la demanda energética del país.
Las obras estuvieron a cargo del consorcio CCC Ituango, integrado por la brasileña Camargo Correa (55%) y las colombianas Conconcreto (35%) y Coninsa-Ramón H (10%).
De momento no ha sido publicada la lista de empresas demandas, pero durante la conciliación fueron convocadas, ademas de las constructoras, las compañías Integral, Integral Ingeniería de Supervisión, Ingetec, Sedic, Seguros generales Suramericana y Chubb Seguros Colombia.
La fiscalía colombiana investiga por su parte la adjudicación de las obras y posibles daños ambientales.
AFP