¿Es posible recortar $7 billones de gasto oficial en cuatro años?

La propuesta, que fue hecha por el presidente Iván Duque, para el cuatrienio de toda su gestión, no sería viable.

El gasto público en educación es de alrededor del 5 % del PIB.

El Gobierno Central tiene una alta inflexibilidad del gasto público (…), además que cada año tiene mayores pagos de intereses.

Archivo particular

POR:
Portafolio
octubre 02 de 2018 - 09:22 p.m.
2018-10-02

La necesidad de conseguir más recursos para la inversión de diferentes programas sociales y el jalón de orejas del BID al país, por tener un alto gasto público ineficiente, tienen al Gobierno Nacional haciendo cuentas para recortar este rubro, tanto para el 2019 como para los otros tres años de la administración Duque.

De hecho, el jefe de Estado aseguró hace unos días que en la propuesta de ley de financiamiento que está ultimando el Ministerio de Hacienda se incluye un capítulo de reducción del gasto, en el cual, agregó Duque, “esperamos que en el primer año podamos generar una reducción del orden de $1,2 billones y que a lo largo de los cuatro años puedan ser cercanos al 0,7% o 0,8% del PIB”.

(Lea: Gasto público, el que más creció durante el segundo trimestre)

En plata blanca, esto quiere decir que la meta del Ejecutivo es ahorrarse aproximadamente $7 billones en el cuatrienio, lo que quiere decir que –descontando los $1,2 billones del primer año– en los años 2020, 2021, y 2022 se tendría que lograr recorte de $2 billones anuales.

Y aunque esta cifra es bastante inferior a la encontrada por el Banco Interamericano de Desarrollo como gasto ineficiente (que en Colombia llega a unos $50 billones anuales), hacer realidad esa ‘peluqueada’ será difícil.

(Lea: Los frentes para que el gasto público sea más eficiente

Según el informe final de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, lo que se paga año a año por funcionamiento del Estado es lo que más pesa en el gasto total, pero el tema va más allá, ya que “este presenta un elevado grado de inflexibilidad”.

Incluso, sobre este último punto (que se refiere a los giros que obligatoriamente tiene que hacer el Gobierno cada año), el grupo de expertos concluyó que una caída en los gastos de funcionamiento de esta magnitud no sería viable, “debido a la elevada inflexibilidad del gasto (…) y los mayores pagos de intereses frente a los del Marco Fiscal de Mediano Plazo, por cuenta de la evolución reciente y esperada de la relación deuda/PIB”.

(Lea: Comisión del Gasto propone integrar recursos de la Nación y los entes territoriales

En contraste, el informe propone darle un revolcón al gasto oficial, en general, con el fin de quitarle su ‘apellido’ de ineficiente, el cual, en buena parte, es causado por “un confuso sistema nacional y subnacional de programación y presupuestación, que no permite saber con claridad en qué se gasta, cuándo y cómo”, sumado a que “le hace falta transparencia en la información” y a que “existe una alta influencia del clientelismo y la politiquería en la asignación del gasto y los nombramientos de la burocracia”.

CIRUGÍA PROFUNDA

Por ahora, los cálculos iniciales que maneja el Ministerio de Hacienda para ‘apretarse aún más el cinturón’ están plasmados en el proyecto de Presupuesto General de la Nación del 2019, cuyo primer debate abrió la puerta para que se limitaran todavía más los pagos que hace el Ejecutivo.

En el artículo 82 de este proyecto se da vía libre a que continúe el Plan de Austeridad, que inició el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y que logró un recorte de $5 billones para este año, aunque la realidad para el 2019 y los próximos años es más apretada.

Por esto, el Gobierno actual y los congresistas añadieron a la lista de recortes aspectos como reducir comisiones de servicio, estudio o capacitación al interior y exterior, en por lo menos el 20% frente al año anterior, e incluso proponen frenar la contratación de planes corporativos de telefonía móvil o conmutada. Incluso, la cirugía es tan profunda que va hasta el punto en que, el próximo año, las entidades no podrán adquirir nuevos celulares, salvo en los casos en que su reposición no les genere costos adicionales.

Finalmente, todos los funcionarios “deberán justificar la necesidad de los gastos de viajes y viáticos, y los pasajes aéreos solo podrán ser en clase económica”, con excepción de algunos casos puntuales.

Todo lo anterior tendrá que estar acompañado de un programa de compra de energía, por parte de todas las entidades que reciben recursos del PGN, que, según el proyecto aprobado en primer debate, “tendrá que involucrar el suministro de energía a todas sus dependencias, de modo que se logra un ahorro en el consumo del 15% frente al año anterior”.

FUERTE APRETÓN

La cuestión acá es que está en juego el cumplimiento de la Regla Fiscal, sobre todo a mediano plazo, ya que, en el 2022, el déficit tendrá que quedar en 1,4% del PIB, es decir, se tendrá que reducir 1,6% durante todo el gobierno Duque. Según el MFMP, cumplir esto “requerirá de mayores esfuerzos en la consolidación de las fuentes de ingresos o en ajustes del gasto público”.

Para centros de estudios como Anif y Fedesarrollo, y varios expertos tributarios, este aspecto llevará a que se tengan que aumentar los ingresos del Estado, lo que haría inevitable el trámite de una nueva reforma tributaria en los próximos años, la cual complementaría la ley de financiamiento, que se está trabajando para cuadrar la caja del 2019.

Siga bajando para encontrar más contenido