Estado asumiría los $10 billones extra que necesitaría Electricaribe

El millorario excedente, que no asumirían Enerpereira y EPM ya que no fueron parte de la subasta de Caribe Sol y Caribe Mar, son para inversión. 

Electricaribe

El tiempo invertido en el proceso de empalme ha sido de 23 semanas.

Archivo particular

POR:
Portafolio
septiembre 01 de 2020 - 10:54 p. m.
2020-09-01

Al Grupo EPM y Enerpereira, las primeras semanas de operación de los mercados de Caribe Mar y Caribe Sol (antes Electricaribe) serán un hueso duro de roer en cuanto a finanzas y flujo de caja.

(Electricaribe: los nuevos operadores harán las inversiones). 

La razón es que cuando reciban las llaves de cada una de las tareas el próximo 30 de septiembre y 1 de octubre respectivamente, confirmarán que las inversiones estimadas al momento de ganar la subasta, hoy son miles de millones de pesos superiores.

Es decir, que a poco más de seis meses de haber ganado el concurso público (EPM con Caribe Mar y Enerpereira con Caribe Sol), los recursos en inversiones ya son $3 billones más a lo calculado inicialmente.

(El Gobierno tendría que pagar $2,2 billones por Electricaribe). 

De los $7,2 billones de inversiones iniciales estimadas en el expediente tarifario para poner a punto toda la infraestructura, que fue presentado al Gobierno en septiembre del 2018, hoy estas superan los $11 billones. Pero en cinco años estarían por encima de los $15 billones e incluso podrían llegar a los $20 billones (es decir lo que cuesta el Metro de Bogotá)”, explicó Javier Lastra, exagente interventor de Electricaribe.

INCREMENTO EN LAS CUENTAS

El exfuncionario precisó que EPM y Enerpereira al hacerse con la operación de los mercados Caribe Mar y Caribe Sol calcularon los déficits sobre un 70% en nivel de recaudo y 30% en pérdidas, pero que después de la pandemia y a tres semanas de recibir la tarea, el nivel facturación efectiva cayó a un 48% y las perdidas subieron a un 38%.

“Se calcularon unos recursos extras para apalancar la operación a cinco años. Pero, una vez se asuman las tareas por parte de estos operadores, el recaudo decreció en casi 30 puntos, a los que se suman más de 10 puntos en el porcentaje de pérdidas, lo que significa un golpe fuerte a las inversiones”, subrayó Lastra.

Y agregó que el proceso de intervención está cerca de cumplir cuatro años, y que a la fecha los indicadores están deteriorados.

“En los dos primeros años la deuda con el fondo empresarial, que era de $200.000 millones, 20 meses después asciende a $4,4 billones, financiada no solo con fuente de recursos del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), sino además con créditos de tesorería del Ministerio de Hacienda producto de los $4 por kilovatio hora (Kw/h) que pagan los colombianos”, explicó el exagente interventor.

Reiteró además que hasta el momento, “el enredo de los dineros” para la operación de los dos mercados no ha sido aclarado por el Gobierno. Y a la fecha ya van $4,4 billones, lo que ha aportado el Estado para mantener la operación de Electricaribe desde la intervención. Es decir, prácticamente poco más de $1 billón por año en promedio”.

LOS COSTOS ADICIONALES 

La gran pregunta que queda sobre la mesa es quién asumirá esos costos adicionales, que a la vuelta de cinco años podrían estar por los $10 billones, ya que todo indicaría que tanto EPM como Enerpereira alegarán que no son de su resorte, ya que adquirieron una operación con valores de marzo pasado (fecha de la subasta).

Así, varias voces apuntan a que la respuesta al interrogante apunta al Gobierno, aunque el Ejecutivo también podría proponer que los operadores (EPM y/o Enerpereira) cubran los costos de las inversiones adicionales, y que tiempo después el mismo Gobierno los reconocerá.

Fuentes del sector consultadas por este diario coincidieron en señalar que en los dos casos no terminarían cubriendo esos costos adicionales, ya que por Constitución, la responsabilidad es del Estado.

Es decir, tal y como están las cuentas, EPM y Enerpereira asumen sus respectivas operaciones en los mercados de Caribe Mar y Caribe Sol, con los costos en la inversiones establecidos de acuerdo a las reglas de la subasta, y el excedente sería cubierto con recursos de la Nación, que por lo general son por la vía de los impuestos.

Portafolio contactó con voceros de EPM y Enerpereira para establecer su opinión con respecto a los sobrecostos en las inversiones cuando asuman las operaciones, pero no obtuvo respuesta, ya que ambos consorcios firmaron una “cláusula de reserva contractual”.

Así mismo, este diario solicitó las explicaciones del caso en Electricaribe, pero al momento del cierre, la electrificadora no se ha pronunciado.

PROCESO DE EMPALME

A principios de abril pasado comenzó el proceso de empalme de la operación de Electricaribe entre delegados de EPM y Enerpereira con funcionarios de la Superservicios.

En este proceso se retomó la tarea que ya venía adelantando la electrificadora, en cabeza de la agente interventora, Ángela Patricia Rojas, para separar la operación en dos mercados, a través de un plan establecido, que a lo largo de casi seis meses se ha cumplido paso a paso para lograr la segmentación.

La tarea de dividir la operación de distribución de energía en dos mercados (Caribe Mar y Caribe Sol), no solo se desarrolló con un componente jurídico a lo largo del empalme, sino que además se hizo un deslinde de los activos para dejar definidos los procesos operativos y administrativos.

En 23 semanas, el citado proceso se viene desarrollando gracias a los comités de seguimiento y el proceso concluirá antes de la entrega de las operaciones.

HIDROITUANGO, Y SU RELACIÓN CON ELECTRICARIBE

El retraso de la entrada de Hidroituango, que llevó a que EPM demandara al consorcio constructor de la megaobra y que desencadenó en una crisis a nivel de gobierno corporativo por la renuncia de la anterior junta directiva, tiene un puente directo con la operación que desarrollará el consorcio antioqueño en Caribe Mar.

“El ambiente no es el mejor para acudir al sistema financiero y conseguir recursos frescos para colocarlos en la citada operación”, resaltó Javier Lastra.

El exfuncionario precisó que una vez asuma la tarea, de forma paralela adelantará un pleito jurídico con el consorcio constructor de Hidroituango “y que por antecedentes se sabe que, en donde interviene el Estado, los demandantes a veces terminan siendo los demandados y perdedores”. Si bien hay un contrato de compra firmado, EPM aún tiene la oportunidad de decidir si le hace frente o no, al mismo tiempo, a estos dos enormes problemas.

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