Al 17 de junio las inversiones en minas y canteras según la balanza cambiaria del Banco de la República registraron una caída del 52,4%, hasta los US$2.374 millones. Para el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Santiago Ángel, una de las principales razones que han llevado a esta descolgada de capitales extranjeros al sector es la incertidumbre jurídica a la que están expuestos.
Es por esta razón que la principal petición que le tienen las empresas afiliadas a la ACM al Gobierno Nacional es la urgencia de establecer normas claras y duraderas para que los inversionistas internacionales vuelvan a ver a Colombia como un destino atractivo para dejar sus recursos. (Lea: Solo el oro y las esmeraldas salvan a la minería colombiana)
Sobre la premura de tener seguridad jurídica el Presidente de la Asociación Colombiana de Minería comentó que “de nada nos sirve tener unos regímenes tributarios, fiscales y financieros muy buenos si no existe seguridad sobre el futuro de una inversión. La gran preocupación de la industria es el cambio de las reglas de juego, en los contratos, en las medidas”.
Aclaró que esta certeza para los empresarios es indispensable a la hora de tomar decisiones de inversión debido a que los proyectos a los que les están apuntando son de largo plazo, por lo cual si las condiciones se modifican en el transcurso de este, se hace inviable su ejecución.
No obstante, y si bien la gran limitante del sector ha estado relacionada con temas judiciales, y normativos, Ángel no deja de lado la importancia de que la reforma tributaria estructural que presentará el Gobierno, antes de terminar el año, les permita a las compañías, no solo mineras sino en general, ganar en competitividad con respecto a sus pares de la región. (Lea: Minería responsable es el principal desafío para el sector)
“Históricamente se ha reconocido a Chile y a Perú como dos competidores muy fuertes, pero llama la atención que de un tiempo para acá aparecieron en el radar de los inversionistas Argentina y Ecuador, y esto se debe en gran medida a la estabilidad jurídica y tributaria que encuentran allá”.Así mismo, Ángel rescató el interés que manifestó Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación, de diseñar un Conpes que esté guiado a adoptar las mejores prácticas que ejecutan los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). “Si en el país importamos ese tipo de prácticas, estaremos muy cerca de alcanzar los niveles de competitividad que requerimos para ponernos al nivel de nuestros pares”.
De otro lado, la asociación aprovechó para cuestionar la consulta previa propuesta por Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué, sobre minería en la región. “Es tendenciosa. Si usted pregunta si alguien quiere minería que destruye, daña el medio ambiente, y limita la actividad agrícola, es obvio que la respuesta va a ser que no. Nosotros tampoco la queremos”. Cuestionó además el gasto de alrededor de $15.000 millones que se requerirá para hacerla. “En una pregunta tendenciosa se va a gastar el doble del presupuesto para salud y educación. Requiere unos 130.000 votos, eso es algo así como el doble de lo que obtuvo cuando salió electo”.
Finalmente, Ángel destacó las cifras de producción minera al cierre del primer semestre. En el caso del oro se obtuvo el mayor crecimiento con un 16%, el níquel aumentó un 1%, mientras que en la comparación anual el carbón presentó una caída cercana al 9%. No obstante, destacó que por fin los precios de los minerales están presentando un comportamiento estable. Únicamente el oro presentó un cambio significativo, aumentó en un 21%. Concluyó finalmente que las cifras del primer semestre evidencian que el 2016 será un año de ajustes para la industria minera. De acuerdo con datos del Dane, las exportaciones de oro y esmeraldas registraron variaciones cercanas al 12%, mientras carbón y ferroníquel disminuyeron 22,8% y 39,8%, respectivamente.
Economía
02 ago 2016 - 10:49 p. m.
Falta de garantías jurídicas desanima a los inversionistas extranjeros
Santiago Ángel, presidente de la ACM, asegura que este es más nocivo para el desarrollo de la industria que la carga tributaria de las empresas.
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