Al menos 40 años tomaría recuperar solo una parte del daño ambiental ocasionado por la Drummond en Ciénaga (Magdalena).
Esa es una de las conclusiones a las que llegó la Fiscalía, que el viernes anunció la imputación de cargos contra seis funcionarios de la multinacional carbonera.
En el expediente, el ente investigador dice que la caída al mar de más de dos toneladas de carbón en enero del 2012 “tuvo un efecto devastador en el medioambiente” y por eso serán llevados ante la justicia los encargados de la operación de la barcaza en la que estaba el mineral.
Javier Jácome, superintendente de operaciones; Carlos Flórez, superintendente asistente; José Luis Velásquez, gerente de operaciones; Paulo Cárdenas, supervisor de operaciones; Carlos Urieles, operador de grúa, y Raúl Olivella, operador de grúa, tendrán que responder por los delitos de daño en los recursos públicos y contaminación ambiental.
Según el fiscal Eduardo Montealegre, hay suficientes evidencias de que estas personas cometieron delitos pero aclaró que si bien los cargos significan una pena de hasta 9 años, la gravedad de estos no permite que en el juicio la Fiscalía pida medida de aseguramiento.
Durante seis meses, peritos del CTI de la Fiscalía y Medicina Legal, apoyados por expertos de las universidades Jorge Tadeo Lozano y Los Andes, realizaron pruebas submarinas y encontraron que “se acabó con el lecho marino y la vida en esa zona, y se encontraron especies invasores que solo aparecen ante graves problemas de contaminación”.
Según los investigadores, los buzos bajaron a la zona y detectaron gran cantidad de residuos de carbón que, incluso, impedían la visibilidad. Además evidenciaron montañas de mineral en el lecho marino.
En diciembre pasado, el Gobierno multó a la multinacional estadounidense con 6.965 millones de pesos al hallarla responsable del desastre ambiental por el derrame de carbón de una barcaza al mar Caribe.
REDACCIÓN JUSTICIA
