Tras dos años de intenso trabajo para diagnosticar a la Colombia rural, escenario natural de dos de los cinco motores de la Colombia próspera que se sueña el presidente Juan Manuel Santos: el agro y la minería, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concluyó que este país no solo tiene más población campesina de la que se cree, el 32 por ciento (se calculaba en el 25), sino que no podrá modernizarse como quiere a espaldas de estos colombianos que no apuestan por su futuro y su felicidad en los centros urbanos.
Están en el 75, 5 por ciento de los municipios. Y si estos números –construidos sobre criterios de densidad poblacional y distancia de los centros urbanos– parecen apenas un cambio de cifras, lo que dice la ONU en el segundo gran informe sobre Colombia en ocho años –el otro fue en el 2003 sobre el conflicto armado: Callejón con salida– frente a la manera de superar la brecha entre el mundo rural y el urbano, promete sacudir al país.
Afirma que no basta una reforma agraria, y será necesario cambiar la estructura de la tenencia de la tierra, históricamente concentrada. Esto, desde la propuesta del organismo, implica no solo hacer un censo agrario –no se hace desde hace 40 años– y actualizar el catastro, sino gravar con impuestos altos a los dueños de mucha tierra y multar la improductiva, para desestimular la concentración.
Propone que sea la Dian, y no las autoridades municipales, “manipuladas por élites locales”, la que se encargue del predial. La idea sería invertir el dinero en bienestar para la población rural con más precarias condiciones de vida, y dentro de la cual la ONU ubica al campesino (que vive de la agricultura básica o de una actividad relacionada), a las mujeres, a los afro y a los indígenas.
Mientras en el 2009 la pobreza en las 13 áreas metropolitanas del país estaba en 45, 5 por ciento, en la zona rural era de 64, 3 por ciento. La concentración de la tierra está directamente asociada a la desigualdad. Y en Colombia, de 32 departamentos con información sobre concentración, 18 tienen un Gini de 0,80 (más cercano a 1 es más tierra en pocas manos y más cercano a 0 es menos concentración).
Pero si bien la tierra en pocas manos, con los índices más altos en Antioquia, Valle, Caldas, Quindío, Arauca y Meta es un gran problema en el país rural, está acompañado por otro igualmente importante: la distorsión en el uso. Según los criterios de la ONU, a los ganaderos les correspondería devolver casi 20 millones de hectáreas.
Están usando en pastos 39 millones, cuando el potencial de Colombia para la ganadería extensiva es de 21 millones. Con la agricultura pasa al revés: el país tiene 21 millones de hectáreas aptas para el cultivo, pero solo está usando 4,9 millones. Cada vez importamos más alimentos.
La sentencia de la ONU es enfática: todo esto ha ocurrido porque en Colombia ha habido “más territorio que Estado”. Y la falta de regulación ha creado las condiciones para el conflicto rural con sus dos componentes: el agrario y el armado. Los protagonistas del primero son los campesinos con su lucha por la tierra –entre ellos mismos, con terratenientes e inversionistas–, por el bienestar y la inclusión política.
Y los protagonistas del segundo han sido las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes, que quieren control de territorios, corredores y población. Para superar el conflicto rural, la ONU pone sobre la mesa otro punto polémico: “más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado”.
Este debe intervenir más, porque el mercado no ha promovido el desarrollo rural, según el organismo. En grandes líneas, este será el mensaje que le entregará al presidente Santos el miércoles, cuando le presente su informe que, en un hecho en apariencia paradójico, ha llamado: Colombia rural, razones para la esperanza.
La ONU cree que las hay, porque después de 25 años de gobiernos que le han dado la espalda al país rural, Santos lo ha reivindicado con el reconocimiento de las víctimas, la restitución de tierras y la apuesta por el campo como uno de los ejes de desarrollo.
Pero además, porque el mundo está “ávido” de alimentos, materias primas y recursos ambientales que podrán ser producidos por los campesinos, que como dice el director del informe, Absalón Machado, nunca se han armado para pedir tierra y en cambio esperan las oportunidades para impulsar los motores del desarrollo que tienen como escenario el mundo rural.
'EL ESTADO PODRÍA EXPROPIAR POR MAL USO'
¿Qué le pasa al país si sigue tratando de modernizarse sin tener en cuenta el campo?
Los desequilibrios entre lo urbano y lo rural seguirán acentuándose. Estamos hablando de una diferencia en calidad de vida de, mínimo, un 30 por ciento. Además, los conflictos sociales que están en el campo se van a mantener ahí. Y, finalmente, existe una gran desigualdad entre campesinos y empresarios en el acceso a los recursos. Si estas tendencias continúan, ¿de qué desarrollo estamos hablando?
¿Cuáles son los mayores conflictos hoy en el país rural?
Hay muchos, pero el conflicto que va a tomar más fuerza es con la minería, que compite con los suelos de la agricultura y con el medio ambiente. También hay un conflicto sociopolítico. Es una deuda que el país no ha querido saldar.
Ustedes dicen que Fedegán podría devolver 10 millones de hectáreas para la agricultura, ¿de dónde sale esa cifra?
Fedegán propuso reconvertir esos 10 millones de hectáreas
para tres usos: una ganadería más intensiva (más cabezas por hectárea), reforestación comercial o producción de alimentos, palma africana, biocombustibles, etc. De hecho, con 15 millones de hectáreas bien manejadas en ganadería, con 1 y media o 2 cabezas de ganado por hectárea, el país puede duplicar el hato ganadero que tiene.
¿Cómo se traduce en hechos la ‘reforma transformadora rural’ que ustedes proponen?
Primero, en garantizar la seguridad. Segundo, en hacer desarrollo institucional, eso no es solo reestructurar al Incoder o el Ministerio de Agricultura, sino crear instituciones nuevas y reglas de juego.
Tercero, armar una política integral de tierras. La restitución y la formalización son una parte muy importante, pero hay que ir más allá, hacia una política que toque la estructura agraria, que modifique la alta desigualdad en la propiedad de la tierra. Esto incluye políticas de agua y del medio ambiente. Y, por último, hay que eliminar la especulación con la tierra, dejar de tener predios simplemente para valorizarlos, sin cultivarlos.
Élites rurales poderosas han combatido el impuesto a la tierra, con su influencia sobre las autoridades municipales...
En el caso de la propiedad privada improductiva, el Estado podría incluso expropiar alegando su mal uso, pero pagando una indemnización. La pregunta es si Colombia está dispuesta a hacerlo.
GREMIOS DEL CAMPO RESPONDEN A INQUIETUDES
‘Brecha frente a lo urbano se mantiene’: Rafael Mejía
Sociedad de Agricultores
“Hay diferencias muy marcadas entre lo urbano y lo rural y esto se acentúa en la educación de jóvenes entre los 18 y 25 años. En las cabeceras municipales estudia el 35,9 por ciento de esta población, mientras que en las zonas rurales lo hace el 13,2 por ciento.
Más allá de los desplazados por la violencia, también están los campesinos desplazados por la violencia económica, a quienes las deudas y la falta de oportunidades los han obligado a dejar sus tierras. Ante el debilitamiento de las asociaciones campesinas, hay grupos separados, les falta coordinación. Los que se han agremiado sí han progresado y hoy son técnicos.
En todo caso, los indígenas y afros en las zonas rurales están en mejores condiciones, porque tienen adjudicaciones en colectivo”.
‘El lío no es de tierra improductiva’: José Felix Lafaurie
Fedegán
“El plan del gremio es que de aquí al 2019 la ganadería pueda ocupar 30 millones de hectáreas, o incluso 20, pero con un hato de cerca de 40 millones de cabezas de ganado (hoy hay 25 millones en 40 millones de hectáreas).
El problema de esta reconversión productiva –por medio de una mezcla silvopastoril– es que la tierra no se usa en ganadería extensiva porque los ganaderos quieran usarla de esa manera, sino porque no hay los instrumentos, ni de crédito ni de desarrollo rural, para avanzar en ese proceso.
Ese cuento de volver a la discusión de la tierra productiva o improductiva me parece anacrónico. Aquí lo que hay que generar son condiciones de desarrollo, pues lo que vale hoy en día no es la tierra, sino lo que tiene encima”.
‘Biocombustibles no son una amenaza’: Jens Mesa
Fedepalma
“Según la FAO, la expansión de la producción de palma en Colombia, al igual que en Brasil, no está amenazando la seguridad alimentaria y tiene un impacto positivo en la reducción del efecto invernadero.
El apoyo que han tenido los cultivos de caña o de palma no es gratuito. Son las dos materias primas más eficientes para la producción de biocombustibles a nivel mundial.
Frente a la reconversión de tierras ganaderas para el agro, incluidos cultivos para la producción de combustibles, Colombia tiene la oportunidad de moverse en esa dirección. Pero va a depender mucho de que los nuevos proyectos agrícolas tengan los mercados que necesitan y en buenas condiciones para los propietarios”.
‘Se necesita presencia estatal fuerte’: Juan Manuel Ospina
Incoder
“Estamos saliendo de esa era que planteaba que la mejor fórmula era menos Estado y más arbitrio del mercado. Son necesarios, tanto mercados fuertes como un Estado con gran presencia. Para ello se está trabajando en fortalecer la institucionalidad rural. Tenemos que estar alineados en combatir la minería ilegal y en los estímulos de la política pública, de créditos, el acceso a los insumos, a la tierra, a la tecnología.
No deberían darse estímulos a usos del suelo que no correspondan a su vocación y no es lógico financiar actividades de ganadería extensiva. También estamos haciendo una nueva legislación sobre el concepto de desarrollo rural, en la que se abordan los derechos de superficie para que quienes tengan capacidad económica puedan arrendar las tierras y así incentivar el factor de producción y no tanto el de valorización”.
‘El marco jurídico tributario es errático’; Juan Ricardo Ortega
Dian
“Está el impuesto sobre la tierra, que es el predial, y otro sobre las actividades productivas derivadas de esta tierra. El predial, que depende de la base de un valor supuesto de la tierra, lo define cada municipio, lo que resulta tremendamente errático, pues los caciques regionales que son latifundistas actúan en beneficio propio. Por ejemplo, el catastro en Antioquia permite avalúos muy bajos para no cobrar el impuesto al patrimonio.
Además, 40 por ciento de la tierra en Colombia no aparece registrada y opera una figura ambigua como la de la ‘posesión’ sobre la tierra, que no permite que se tenga claro quién es su dueño, lo que ha generado violencia.
Acá, antes que el tributo hay que ejercer el derecho a la propiedad. Y la ciudadanía debería poder controlar cuánto paga cada predio. Personas iguales deben pagar lo mismo. El anonimato se presta a la corrupción”.
‘El etanol es amigable con el ambiente’: Johan Martínez
Asocaña
“El etanol producido por el sector azucarero colombiano es amigable con el medio ambiente. Los ingenios invirtieron más de 154 millones de dólares en el 2005 para la construcción de las cinco destilerías de alcohol carburante. El 40 por ciento de la inversión correspondió a componentes ambientales, los cuales no son requeridos en otros países. Todo esto por proteger el medio ambiente de la mejor manera.
Actualmente, las posibilidades de expansión de los cultivos de caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca son marginales. De esta manera, no se ponen en peligro otros cultivos ni la biodiversidad.
Dichas posibilidades de ampliación de los cultivos están en regiones donde la tierra puede ser mejor utilizada. Por ejemplo, sustituyendo ganadería extensiva, que puede liberar área con vocación agrícola”.
