Absurda pretensión

Publicamos la semana pasada una noticia como para Ripley: el juez 23 civil de Bogotá condenó a Ecopetrol a pagarle a un grupo de ex trabajadores de la petrolera estatal la gruesa suma de 542 mil millones de pesos. La increíble historia, en resumen, parte de la decisión -en 1962- de la junta directiva de Ecopetrol de aprobar la entrega de una parte de sus utilidades a sus trabajadores. Después, un decreto del Ministerio de Hacienda prohibió esa práctica, y para usar los recursos en cuestión la empresa los invirtió en una nueva compañía. Hace nueve años Foncoeco -el Fondo Cooperativo Multiactivo de Utilidades de los Ex trabajadores de Ecopetrol- inició una acción legal para hacer valer sus supuestos derechos y reclamar la multimillonaria suma. Y el pasado 16 de diciembre el juez Bernardo Morales Casas falló a favor de los demandantes. Ecopetrol acaba de anunciar que apelará la decisión, porque según sus abogados durante algunas fases del proceso

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enero 31 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-01-31

Más allá de las consideraciones estrictamente jurídicas -que en última instancia tendrán que ser evaluadas por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuyo fallo obviamente habrá que acatarse- vale la pena hacer algunas reflexiones sobre este estrambótico caso. En primer lugar hay que criticar la pésima decisión de la junta directiva de Ecopetrol del momento, que adoptó la medida que dio origen a todo este embrollo. Es injustificable que ese órgano haya decidido dar parte de las utilidades de una empresa estatal a los trabajadores. Porque, como es apenas lógico, las utilidades de las compañías que están 100 por ciento en manos del Estado deben llegar exclusivamente a destinos oficiales (en la misma empresa, para financiar proyectos nuevos o pagar pasivos, o en transferencias al Gobierno Central). Si los directivos querían reconocer a los empleados sumas adicionales a los sueldos y prestaciones, por razones válidas como el logro de ciertos objetivos valiosos, hubieran podido escoger otras opciones -como por ejemplo bonificaciones por de-sempeño- bien diseñadas desde el punto de vista jurídico, para evitar líos como el comentado. Reprochable también la conducta de los ex empleados. Se nota en este caso la mala fe, el deseo de aprovecharse de las debilidades y fallas del Estado, para ordeñarle -con la ayuda de hábiles e inescrupulosos abogados- toda la plata posible a las finanzas públicas. Ese comportamiento, que lamentablemente se evidencia con mucha frecuencia en nuestro país, le ha costado una fortuna a todos los gobiernos -que pierden pleitos como éste, uno tras otro, por errores de su parte y abusos de su contraparte. Pero corregimos la anterior afirmación, porque en realidad quienes pierden no son los gobiernos -éstos son pasajeros; quien de verdad pierde es la sociedad entera, porque se esfuman dineros que le pertenecen a toda la colectividad. Peor aún, quienes más pierden son realmente los más pobres de Colombia. Porque dineros que deberían usarse para hacer inversión social en favor de millones de compatriotas muy necesitados, terminan en los bolsillos de unos pocos avivatos (y de sus abogados, expertos en toda suerte de maniobras para sonsacarle plata a las arcas oficiales). Ojalá la justicia, obrando como debe, desbarate esta absurda pretensión de ex funcionarios de Ecopetrol.

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