Un buen gobierno corporativo es a las empresas lo que una buena democracia a los países: en la medida en que se tienen reglas claras y se cumplen, se logran mejores indicadores, mejores condiciones para sus miembros y competir entre los mejores.
La comparación viene a cuento porque la incorporación de normas de gobierno corporativo se está volviendo una exigencia cada vez más generalizada para las empresas en el mundo.
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Las compañías son ahora más conscientes de la necesidad de tener altos estándares que les brinden confianza a los inversionistas, les permitan tener reglas de juego más estables y contar, en el caso de las empresas públicas o mixtas, con mayor independencia en sus órganos corporativos.
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Precisamente, los avances que Colombia ha hecho en este tema en las últimas dos décadas serán analizados en el Quinto Encuentro de la Red Latinoamérica de Gobierno Corporativo de Empresas Estatales, organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), que se realizará en Bogotá entre el próximo 30 de noviembre y el primero de diciembre. Cabe señalar que el país está dando pasos acelerados para ingresar a este club de buenas prácticas.
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Una de las herramienta más llamativas del gobierno corporativo son los acuerdos de accionistas o las declaraciones del accionista mayoritario, que han sido comunes en procesos de democratización en los últimos años.
Se convierte en casi una exigencia y así lo entendieron las grandes compañías del sector energético como Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), Isagén y Ecopetrol, empresas que los suscribieron.
Dichos acuerdos sirven de protección para los inversionistas, quienes pueden tener mayor confianza sobre el buen manejo de la compañía ya que definen reglas de juego taxativas y más claras que evitan que las empresas puedan estar sujetas a los vaivenes de los gobiernos de turno, un hecho que sucede con frecuencia en el sector público.
Los acuerdos de accionistas tienen varias llaves que cierran las puertas a las interferencias meramente coyunturales o políticas mediante herramientas tales como el aumento de miembros independientes en las juntas directivas de las empresas.
Además, estos acuerdos establecen disposiciones para la convocatoria a asambleas, los temas que se van a tratar, exigen un voto mayoritario para la toma de determinadas decisiones, fijan procedimientos para la resolución de conflictos y definen mecanismos para la sucesión en los altos cargos directivos.
Sobre todo, esto último es importante porque permite que lleguen personas de elevados niveles técnicos, que tienen trayectoria en el sector y que pueden tener una continuidad, tal y como ha sucedido con los presidentes de las empresas ya mencionadas.
Para Camilo Silva, gerente de Valora Inversiones, estos acuerdos permiten que no solo los accionistas se sientan tranquilos sobre el buen manejo de una empresa, sino también los trabajadores, proveedores y clientes.
“Este es un blindaje para que no haya borrón y cuenta nueva cuando se produzca un cambio en la dirección de la compañía. Puede llegar cualquier ejecutivo, pero ya sabe cuál es la hoja de ruta que se ha trazado para el crecimiento de la firma”, dice.
Interconexión Eléctrica SA (ISA), es un buen ejemplo de los beneficios de estos acuerdos, y así quedó demostrado con su proceso de democratización que despegó en el año 2000, que ha sido uno de los más exitosos hasta el momento, y que se ha traducido en la buena trayectoria de la compañía durante los últimos años.
Por su parte, La Nación, como accionista mayoritario, se comprometió, entre otras cosas, con una política de distribución de dividendos, con una mayor independencia de la junta directiva -hoy cerca del 80% de los miembros de la junta directiva de ISA son independientes-, y definió normas para la convocatoria a asambleas de accionistas.
Isagén, que hoy es del fondo de inversión canadiense Brookfield, es otro caso a destacar. Durante el proceso de venta de acciones, en 2006, la Nación realizó una declaración de accionista mayoritario que incorporó políticas de buen gobierno corporativo, relacionadas con distribución de utilidades y una mayor independencia de su junta directiva.
Estas decisiones le permitieron fortalecerse y consolidarse como una de las compañías más importantes del sector energético.
Ecopetrol, la mayor empresa colombiana, llevó a cabo su proceso de democratización en 2007 cuando ofreció al mercado el 10% de sus acciones, que se convirtió en la operación bursátil más grande en la historia del país.
La Nación, como accionista mayoritario, estableció una política de dividendos así como la inclusión en la junta directiva de representantes de los accionistas minoritarios y de los departamentos productores de hidrocarburos, entre otros aspectos.
Como se ve, son palpables los beneficios de esta clase de iniciativas, más en momentos en que Colombia se exigen los más altos estándares de gobierno corporativo para evitar riesgos de corrupción o inadecuado manejo de compañías.