La próxima aplicación del decreto 722 que reglamenta la entrada en funcionamiento del nuevo Servicio Público de Empleo y la labor de intermediación laboral, tiene a varias universidades elevando consultas ante sus áreas jurídicas.
La razón es que la norma mete en cintura el servicio que muchas de ellas les prestan a sus alumnos de últimos semestres y egresados para que encuentren trabajo, obligándolas a que se incorporen a una base de datos única de alcance nacional y a realizar reportes mensuales de su gestión.
Álvaro Cadavid, directivo de la Red de Programas de Egresados de Universidades Públicas, que agremia a más de 30 centros de educación superior del país –donde hay varias privadas también–, asegura que la integración de los oferentes de puestos para profesionales a la bolsa nacional de empleo es, en principio, positiva, pero la manera como pretenden aplicarla es “una locura e irrespeta la autonomía universitaria”, porque, entre otras cosas, prohíbe que sigan publicando por su cuenta la información que les llega al respecto.
Además, según él, al obligarlas a llevar un censo actualizado, les están descargando una obligación que le corresponde al Ministerio de Trabajo y, para ponerse a tono con la medida, tendrían que montar unidades de intermediación laboral con una infraestructura que no están en condiciones de costear, a sabiendas de que es una labor gratuita.
Cadavid se queja, además de que, aunque el 722 salió en abril, apenas lo dieron a conocer hace dos meses en reuniones que celebraron en Bogotá y Medellín.
También, asegura que han buscando una cita en el Mintrabajo, pero no les han respondido.
Por su parte, el viceministro de Empleo y Pensiones –del Ministerio de Trabajo– sostuvo que no pretenden vulnerar la autonomía universitaria sino integrarlas a una iniciativa que pretende disminuir el desempleo en el país.
“Somos conscientes de la enorme tarea que cumplen las universidades y que la misma Ley de Educación Superior les manda tener estos servicios de bienestar y justamente lo que queremos es que se articulen al Servicio Público de Empleo”.
El Viceministro informó que hay 2 universidades a las que se les han autorizado sus bolsas de empleo –la de Antioquia y la de Cartagena– y 12 más en trámite.
Sin embargo, anunció que en noviembre saldrá un nuevo decreto para reglamentar la mencionada norma: facilitará los procesos de autorización, la comunicación entre los operadores del sistema y los reportes en línea a la base de datos.
ASÍ ACTÚAN LAS OFICINAS UNIVERSITARIAS DE EMPLEO
Amparados en la Ley 30 de Educación Superior, muchos claustros han creado oficinas que ayudan a establecer una relación con el mundo empresarial.
En su mayoría, recaban información sobre ofertas laborales y algunas, como la Universidad de Antioquia (U. de A.), hacen giras para promover el perfil de sus egresados y verifican la legalidad de los oferentes.
“Esto último es muy importante, porque hay avisos que conducen a engaños y hasta esconden fenómenos como trata de personas”, anota Álvaro Cadavid, quien además dirige el programa de egresados de la U. de A.
También, capacitan acerca de cómo presentar hojas de vida y entrevistas. Por lo pronto, se lamenta Cadavid, deberán limitarse a informar.
SERVICIO DE EMPLEO COMIENZA A OPERAR EN ENERO
Desde diciembre, las empresas deberán comenzar a reportar sus vacantes, y lo podrán hacer en línea.
Desde enero arrancará a funcionar el nuevo Sistema Nacional de Empleo, una de las principales estrategias del Gobierno para combatir la desocupación en el país.
“La pretensión es que sea amplio, democrático y participativo”, afirmó el viceministro de Empleo y Pensiones, Juan Carlos Cortés.
El funcionario explicó que este articulará dos grandes categorías que actúan en este campo en la actualidad: las agencias y las bolsas de empleo, con el servicio que depende del Sena.
El sistema será coordinado por un unidad que dependerá del Ministerio del Trabajo.
Uno de los pilares de la estrategia será una base de datos única con la información de los empleadores que estén buscando llenar vacantes y la de quienes buscan empleo con sus respectivos perfiles ocupacionales. “Este sistema conectará a todos los operadores: el Sena, las cajas de compensación, las agencias privadas y las bolsas de empleo”, añadió el Viceministro.
De acuerdo con Cortés, el Gobierno está homologando las bases de datos del Sena y de las Cajas, y poniendo a punto la plataforma tecnológica.
Por otra parte, indicó que los empresarios deberán empezar a reportar las plazas que tengan disponibles desde el primero de diciembre, y todo el trámite se podrá hacer en línea.
Por lo pronto, el sistema tiene 20 mil millones de pesos del presupuesto de la Nación, pero le llegarán alrededor de 220 mil millones de pesos anuales por el Fondo de Solidaridad y Fomento del Empleo, que se nutrirá con recursos de las cajas de compensación.
Otra parte del aporte de las cajas se aplicará a la protección al cesante, pues cotizarán por él para salud y pensión durante seis meses, y le brindarán orientación para que consiga un nuevo trabajo. Con esto, se quiere disminuir el tiempo de vacancia que se demora el reenganche, estimado hoy en siete meses.
