De largo aliento

De largo aliento

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octubre 29 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-10-29

Los resultados del Índice de Percepción de Corrupción, divulgados esta semana, le dan a Colombia una pobre calificación de 3,5 sobre 10, dos décimas de punto por debajo de la medición del 2009. El sondeo, que elabora Transparencia Internacional y mide la situación de 178 países, es el trabajo más completo que se hace en el mundo sobre una materia particularmente compleja. Lamentablemente, el balance no deja dudas: el país se encuentra mal clasificado en el que es, sin duda, un tema crítico. Así lo demuestra el puesto 78 ocupado en la muestra total y el décimo en el continente americano, por debajo de Canadá, Chile o Costa Rica, entre otros. Semejante colocación, vale la pena insistir, es el producto de una serie de encuestas subjetivas. Para llegar a la nota final, Transparencia promedia investigaciones realizadas por otras organizaciones independientes que han consultado la opinión de académicos, empresarios o analistas de riesgo. Por ese motivo, alguien puede alegar que es imposible afirmar que el país de hoy es más o menos corrupto que el de ayer. Pero tal como ocurre con el narcotráfico o el crimen organizado, actividades ilícitas cuya cuantía precisa es imposible de estimar, a la corrupción se le puede tomar la temperatura. Y la lectura no es buena desde hace tiempo. Por ejemplo, desde 1998 Colombia no ha superado la calificación de 4 en este índice, y se encuentra junto a decenas de casos complejos, así a unos pocos les sirva de consuelo que naciones hemisféricas, como México, Argentina o Venezuela, se encuentran en peor situación. Todo lo anterior exige determinación para mejorar. También, por supuesto, es necesario reconocer los casos de éxito. Más allá de los escándalos que dan la impresión de que todas las manzanas en la canasta del servicio público están podridas, existen experiencias locales y nacionales de administraciones limpias que han demostrado que, cuando hay voluntad política y cero tolerancia, es posible instaurar una cultura ciudadana que entiende la necesidad de proteger y utilizar adecuadamente los recursos públicos. La preocupación que tiene el nuevo Gobierno con el tema es evidente. En numerosas intervenciones, el presidente, Juan Manuel Santos, ha ratificado la voluntad de su administración para perseguir este flagelo que desangra las finanzas públicas y limita el accionar del Estado. Por tal motivo, el Estatuto Anticorrupción, presentado hace un mes ante el Congreso, es un primer paso en la dirección correcta. Pero los conocedores indican que no es suficiente. La propuesta gubernamental muestra inhabilidades para contratar a quienes incurran en actos ilícitos o financien campañas políticas. Igualmente, fija prohibiciones para ex funcionarios públicos o establece sanciones para el sector privado. No menos importante es la exigencia de estudios técnicos y de costo financiero previos a la apertura de licitaciones o el manejo de anticipos a través de fiducias exclusivas con ese propósito. Además, hay que destacar la regulación del cabildeo, una actividad honorable, cuyas fronteras deber ser delimitadas. Sin embargo, los expertos señalan la necesidad de ir más allá, abordando el problema en todas sus fases. Eso exige trabajar en la prevención, investigación y sanción del delito en forma integral. Para decirlo de forma precisa, se trata de hacer de la corrupción un negocio no rentable, en el que la exposición a la pena sea mucho mayor. Transparencia por Colombia –el capítulo local del ente que publica el índice global– ha expresado también la importancia de integrar a la formulación de la ley, y a la administración en general, los elementos centrales de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Corrupción, de la cual el país es signatario. Esta tiene una clara directriz para que las políticas de Estado involucren a todas las ramas del poder público y a los distintos niveles de gobierno, al sector privado y a organizaciones no gubernamentales en la corresponsabilidad de la lucha contra este flagelo. Así mismo, hay recomendaciones explícitas para la formulación de una estrategia de largo aliento, que sirva para extirpar un cáncer que amenaza, como pocos, las esperanzas de un país con mayor crecimiento y justo. La prosperidad democrática tiene el apoyo de la mayoría de los colombianos, pero la corrupción puede descarrilar las cinco locomotoras que la impulsan. El notorio retroceso del país en la principal encuesta sobre percepción de corrupción en el mundo, demuestra que hay que trabajar en la prevención, investigación y sanción del delito en forma integral.ANDRUI

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