Años de soledad de la provincia colombiana

Los dos objetivos fundamentales del constituyente del 91 con la descentralización fueron: avanzar en la legitimidad del Estado y aumentar la eficiencia de la administración pública. Sin embargo, en el desarrollo legislativo de la descentralización -vista en sentido amplio no se han tenido en cuenta las realidades más elementales de los entes territoriales y, por regla general, se ha utilizado la misma "receta" para todos. Si uno de los objetivos de la descentralización es avanzar en la legitimidad del Estado, ¿cómo es posible que no se tenga en cuenta cuál es la situación de orden público del municipio o si la estructura de la propiedad agraria impide el surgimiento de nuevos liderazgos? Igualmente, si el otro objetivo fundamental es aumentar la eficiencia de la administración pública, ¿cómo es posible que no sea determinante el hecho de que el municipio sea preponderantemente rural o urbano? En cuanto a la estructura de la propiedad agrícola, no puede desconocerse su incidencia en la situación política en los entes. Como ya lo señaló Rodrigo Uprimny, en las regiones donde impera la concentración de la propiedad agrícola y la continuidad del poder terrateniente, el desarrollo de la democracia local es muy pobre. En esos departamentos y municipios, sin el apoyo del Congreso y del Gobierno central al desarrollo de nuevos liderazgos, la mayoría de la población -los desposeídos- seguirán fuera de la esfera en la que se toman las decisiones públicas. Y, con ello, la descentralización seguirá sin cumplir uno de sus principales fines: avanzar en la legitimidad del Estado. De otro lado, la experiencia ha demostrado que un régimen que resulta exitoso para un municipio urbano, puede no serlo para uno preponderantemente rural y pequeño. El caso más claro, es el actual régimen legal de la prestación del agua potable y el saneamiento básico, que según Fedesarrollo, ha funcionado de manera adecuada para los grandes municipios, pero no ha podido mejorar la cobertura y la calidad de esos servicios, cuando se trata de municipios pequeños con un alto índice de ruralidad. Razón suficiente para establecer condiciones legales especiales para éstos últimos. En síntesis, faltan mecanismos que permitan un ‘diagnóstico diferenciado’ de los entes territoriales, de modo que su régimen legal se acerque más a sus capacidades y necesidades. No se trata de proponer un debate general sobre si debe o no intensificarse la descentralización, sino de afinar sus instrumentos, incluyendo criterios que resultan elementales en un país como Colombia. "Faltan mecanismos que permitan un ‘diagnóstico diferenciado’ de los entes territoriales, para que su régimen legal se acerque más a sus capacidades”. Especial PORTAFOLIO