Empecemos por lo importante. El actual Gobierno en todos sus años de mandato no ha cristalizado ninguna reforma política. Eso es malo. En las democracias jóvenes como la nuestra, cada dos o cada cuatro años es necesario impulsar reformas para perfeccionar y fortalecer las instituciones, para luchar contra el clientelismo y la corrupción que siempre reviven. El ejercicio de modernizar la democracia, hacerla más eficiente y participativa, de blindarla de los embates de los criminales que quieren acceder al poder, es indispensable en un país donde el narcotráfico ha permeado todos los espacios y donde muchos partidos entienden la política como una forma de vida para enriquecerse y darle contratos a sus amigos. Vamos a lo concreto: la iniciativa del Gobierno no sanciona a los partidos actuales que permitieron que en sus filas entraran personas vinculadas al narcotráfico y los paramilitares. No hace nada de fondo para castigar a la parapolítica, que fue el origen de la discusión para hacer esta reforma. Deja para el caso de sentencias ejecutoriadas la pérdida de la curul. Pero lo más grave: no sanciona al partido que permitió que esa persona estuviera en su lista. Lo obvio sería, como lo han propuesto el Partido Liberal, el Polo Democrático y varios uribistas, que ese movimiento perdiera hoy la curul respectiva en Cámara o Senado o que fuera disuelto, revocándole su personería política. Esa sanción sí obligaría a los jefes políticos a mirar con lupa quién hace parte de sus listas y evitar la vagabundería que ocurre hoy, según la cual ya están entrando a la Cámara parlamentarios elegidos con 900 votos -si, novecientos votos-, ya que los primeros renglones de la lista están presos. Como si fuera poco, el Gobierno pretende con esta reforma legalizar el transfuguismo político, esto es, la posibilidad de cambiarse de partido. Hay una norma transitoria que permite a congresistas, diputados y concejales, dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia de la reforma, a cambiarse de movimiento sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia. Esto tiene nombre propio: está pensado para los políticos uribistas leales a la reelección del Presidente, que quieran cambiarse de partido, porque el jefe de ese movimiento decidió lanzarse a la Presidencia. Piensen por ejemplo en Germán Vargas Lleras que ya se opuso a la reelección de Uribe y está en campaña presidencial. Pues bien, con esta norma, los congresistas, diputados y concejales reeleccionistas de su movimiento, Cambio Radical, podrán irse al Partido de la U que apoya abiertamente el tercer mandato del Presidente. Un despropósito sin antecedentes en la historia de Colombia: poner una reforma constitucional al servicio de las urgencias del momento de la coalición de Gobierno, cuando por definición la Constitución, el texto de la democracia por excelencia, representa la unidad nacional y los mejores valores de la patria. Y reformarla debe ser un ejercicio de consenso, no de imposición. Ni hablar de esta antirreforma que golpea a los grupos políticos independientes como bien lo señalaron Peñalosa, Fajardo, Lucho, Mockus y Martha Lucía Ramirez. Al final uno se pregunta: ¿será que a los parlamentarios uribistas los tiene sin cuidado la democracia? rsantamaria@gravitascomunicaciones.com Politólogo - Periodista HERJOS
