AP: mucha norma, poca aplicación

En buena parte como resultado de la modernización de la administración publica (AP.) auspiciada desde la Constitución del 91, existe hoy en el país abundante normatividad legal desarrollada a través de diversas disposiciones gubernamentales.

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febrero 27 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-02-27

No obstante esta realidad, lo cierto es que un número significativo de instituciones públicas aún hoy carecen de administraciones eficientes y, en consecuencia, no producen los resultados esperados. En efecto, una de las reformas constitucionales que generó especial expectativa fue la referida supresión del control previo, ejercido hasta entonces por las contralorías como órganos de fiscalización y control. Se pensó que con la adopción del control interno, establecido en los artículos 209 y 269 de la Carta, las instituciones públicas lograrían optimizar los niveles de eficiencia, economía, moralidad, celeridad e imparcialidad en la ejecución de sus distintas gestiones, cosa que hasta el momento infortunadamente no ha ocurrido. Desde esta perspectiva y en desarrollo de los mandatos constitucionales, a partir de un importante trabajo realizado por Casals & Asociados en su condición de operador del Programa de Eficiencia y Transparencia auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, el Gobierno nacional expidió el Decreto1599 de mayo 20 de 2005; “Por el cual se adopta el Modelo estándar de control interno para el Estado colombiano -Meci-”-, norma que se produce, justamente, como respuesta a la necesidad imperativa de estandarizar mecanismos de control y evaluación de la gestión institucional que posibiliten verificar los procesos y los resultados inherentes al cumplimiento de las funciones y servicios a que se ven obligadas las entidades estatales y que entonces habrá de reflejarse en una mayor eficiencia y transparencia de las mismas. En septiembre del mismo año -Circular 03, suscrita por el Director del Dafp- se definen los lineamientos generales para la puesta en marcha del citado Modelo estándar, insistiendo en la obligación del Dafp de producir el Manual de aplicación del Meci, indispensable para el diseño e implementación de cada uno de los elementos, componentes y subsistemas del Modelo. En la misma circular se daban instrucciones para que las entidades estatales, entre tanto, iniciaran certeramente este nuevo camino hacia la modernización y transparencia de la gestión pública. El plazo límite que otorgaba el Decreto 1599 para que las entidades lograran la adopción definitiva del Modelo fue de 24 meses y aún no se ha producido el esperado Manual. Ello significa que a las entidades destinatarias del mismo, cada día que transcurre se les reduce el tiempo -en este momento sólo les quedan 15 meses- para llevar a cabo una labor que, incuestionablemente, será compleja. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Con estas dilaciones, no se están propiciando condiciones adversas para la eficiente aplicación de estas nuevas normativas? Una situación que nos coloca de frente a otra cara del problema de la ineficiencia y la corruptela de la administración estatal: la norma en sí, no garantiza ningún cambio o, a lo sumo, sólo puede contribuir tímidamente a él. Se precisan condiciones particulares que favorezcan su conocimiento, su ejecución y su productiva aplicación, conforme al espíritu que la creó. Con frecuencia, en especial en ciertos campos, encontramos proliferación de leyes y normas que terminan burladas o convertidas en letra muerta, precisamente porque no han contado con las circunstancias de diverso orden que contribuyan a su real incorporación: desde la formación que propicie la entidad, desde su infraestructura y organización y, fundamental, desde la promoción de aquella conciencia que posibilite su apropiación por parte de cada empleado y funcionario público que así, la convertiría en directriz de sus labores.

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