Entre los requisitos para las compañías dedicadas a la biotecnología se encuentran la presentación de un estudio de los posibles riesgos para el medio ambiente y la diversidad biológica, así como un plan de protección en caso de que ocurra un 'evento no deseado'.
"Este no ha ocurrido en ningún país del mundo. Antes de cualquier 'liberación' de semillas, estas ya han sido probadas, por lo tanto, se trata de un tecnicismo legal que debe considerarse seriamente", dijo Rafael Aramendis, gerente de Asuntos Regulatorios para América Latina de la multinacional Monsanto, una de las empresas interesadas en la venta de semillas transgénicas de maíz en México.
Esta compañía recibió con beneplácito la publicación de las reglas, pero advirtió en un comunicado emitido desde ciudad de México, que ello no significa que los permisos para sembrar van a estar automáticamente garantizados.
Pese a la seguridad con la que esta compañía promueve la biotecnología agrícola, algunos agricultores del sur de México manifestaron su preocupación de que el maíz modificado mezcle su polen con otras especies nativas y las altere.
Bajo la nueva Ley, los agricultores que deseen sembrar este tipo de semillas deben registrarse ante la Secretaría de Agricultura y las autoridades ambientales para solicitar un permiso. Las semillas del maíz modificado no serán aceptadas en ciertas zonas del país, marcadas como 'centros de origen' y que albergan variedades que solo pueden encontrarse en México.
Sin embargo, al tema le han salido detractores, como la ONG Greenpeace, que en un comunicado emitido desde Ciudad de México, expresó su inconformidad con la nueva Ley.
"El Reglamento se centra únicamente en dar respuesta a las empresas transnacionales en torno a los trámites y requisitos para las solicitudes de siembra de sus semillas transgénicas, y deja en manos de la industria biotecnológica la determinación de las medidas de evaluación, monitoreo y control de los posibles riesgos en la salud humana, al medio ambiente y la diversidad biológica, cuando esta es una obligación de los gobiernos, de acuerdo al Principio Precautorio del Protocolo de Cartagena, del cual México es signatario", señaló Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México.
