El 4 de diciembre de 1991, el presidente de Estados Unidos, George Bush padre, promulgó el acto legislativo conocido como Andean Trade Preference Act (Atpa), mediante el cual un grupo representativo de exportaciones andinas, incluidas las de Colombia, gozarían de aranceles cero durante los próximos 10 años.
Las preferencias fueron renovadas por el presidente George Bush hijo el 31 de octubre del 2002. La aprobación del Andean Trade Promotion Drug Eradication Act (Atpdea), mantuvo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006.
El Atpdea sería renovado inicialmente por seis meses, de enero a junio de 2007; luego por ocho meses, de julio de 2007 a febrero de 2008; posteriormente por diez meses por el resto de ese año, y finalmente, por doce meses más hasta el 31 de diciembre del 2010.
Los sucesivos actos legislativos del Congreso de Estados Unidos confirman que el objetivo de las preferencias andinas es promover el desarrollo económico, diversificar las exportaciones, consolidar la democracia y contribuir a la lucha contra las drogas ilícitas a través de la generación de cultivos alternativos en las zonas de producción de la región andina.
De acuerdo con las conclusiones de los cinco informes preparados desde 1991 para el Congreso por las diferentes administraciones de Estados Unidos, estos loables propósitos se han cumplido a cabalidad.
A pesar de lo anterior, y del irrefutable beneficio representado por una franquicia arancelaria para el grueso de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, es pertinente evaluar el impacto real del Atpdea sobre la estructura de nuestras exportaciones.
En primer lugar, conviene recordar que, en sus orígenes, las preferencias del Atpa excluían ocho grupos de productos -textiles, confecciones, atún, zapatos de cuero, petróleo, relojes, azúcar y ron-. La renovación del Atpdea del 2002 trajo consigo la ampliación de los productos beneficiados, de 5.600 a 6.300, entre los cuales sobresale la incorporación de petróleo, textiles, confecciones y calzado.
La incertidumbre generada por la renovación discontinua y por unos pocos meses de las preferencias, observada desde comienzos del 2007, se ha traducido en efectos nocivos inesperados para nuestro país.
Dado que los exportadores deben adelantar su misión comercial con meses de anticipación, y en algunos casos con años de antelación, la ausencia de reglas de juego fijas y aranceles ciertos les impide garantizar precios y condiciones de entrega a sus compradores en Estados Unidos, cuyos pedidos se trasladan a los competidores que están en disposición de hacerlo.
Este fenómeno golpea principalmente al sector textil y de confecciones, a los productores de calzado, manufacturas livianas y de productos agropecuarios procesados, cuyos negocios están sujetos a la tardía y temporal prórroga de las preferencias arancelarias de Estados Unidos.
Este descalce se ha reflejado en una merma de exportaciones de 477 millones de dólares entre el 2007 y el 2009. En volumen, las pérdidas de mercado superan el millón y medio de toneladas en estos sectores en el periodo mencionado, todo lo cual estimula una mayor concentración de nuestras exportaciones en el sector minero-energético. Se requiere, en consecuencia, que el Congreso estadounidense prorrogue las preferencias por un periodo no inferior a cinco años.
