Cúcuta y Norte de Santander, una de las regiones con el mayor desempleo, tasa de informalidad y pobreza del país, ya comienza a sentir la crisis económica y social por el cierre de la frontera con Venezuela.
La escasez de efectivo se nota en la caída del consumo y aunque las ventas de víveres y abarrotes se benefician directamente del cierre de la frontera, estos comerciantes saben que tarde o temprano las facturaciones se van a resentir.
A los cerca de 50.000 desempleados propios de la ciudad, ahora hay que sumarle los despidos de empleados formales en casas de cambio, que dependen enteramente de una frontera abierta; las agencias de viaje, cuyo gran volumen de negocios eran los viajes a la isla venezolana de Margarita, y hoteles y restaurantes, que han visto caer sus negocios hasta en 30 %. Por no hablar de las tiendas de ropa y zapatos, con descensos hasta del 50 % en las ventas.
Más la cantidad de informales que están cesantes y sin sustento diario: entre ellos 5.000 ‘pimpineros’, cerca de 1.000 mototaxistas que trabajaban en los dos puentes internacionales, los centenares de cambistas de divisas en las calles de la ciudad, los ‘bachaqueros’, que transportaban en pequeñas cantidades mercancía de contrabando desde Venezuela.
Por si fuera poco, el costo de vida se ha encarecido. Cúcuta ha sido una de las ciudades con una de las inflaciones más bajas de Colombia en los últimos años, en el primer semestre de este año ocupó el penúltimo puesto, debido al contrabando llegado desde Venezuela.
La capital de Norte de Santander es una de las pocas urbes en las que bastaba un sueldo mínimo para vivir. Primero, porque las personas, hasta hace un año, pasaban a comprar productos directamente a Venezuela o porque compraban esos mismos productos en suelo colombiano. Un poco más caros, pero de todas maneras cuatro o cinco veces más económicos de lo que se venden en Colombia.
Para empeorar las cosas, hay que añadirle los deportados y expulsados que se quedarán en la región, así el Gobierno Nacional les ofrezca toda la ayuda necesaria para ubicarlos en sus ciudades de origen.
Desde el vecino país llegaron 18.646 personas al departamento, de las cuales unas 12.000 no solicitaron ayuda humanitaria, por lo que no pasaron por albergues porque tenían donde hospedarse en la región o porque ellos mismos se movilizaron a otros sitios del país. A esa cifra a la que las autoridades locales más le temen.
La Alcaldía de Cúcuta ha manifestado que la ciudad solo aguantará unos dos meses más la crisis que vive con las personas llegadas desde Venezuela.
Sin embargo, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, afirma que de lo “que sí puede estar seguro es que de la gente que llegó no está vagando en las calles o formando nuevos cinturones de miseria. Todos los que han necesitado ayuda se han atendido”.
Pedro Vargas Núñez
Especial para Portafolio
Cúcuta
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