Por esta época muchos turistas están haciendo largos viajes para ver en su hábitat a las ballenas yubarta, uno de los más grandes animales de la Tierra, que convierten las aguas del Pacífico colombiano en una enorme salacuna en la que dan a luz a sus crías.
En los alrededores de Nuquí (Chocó), cerca de la isla Gorgona o en Bahía Málaga (Valle del Cauca) los visitantes las verán nadar. Lo triste es que posiblemente todos esos cetáceos que los asombrarán, estarán muertos antes de que termine el año.
Y no será por los efectos de la contaminación del agua o el cambio climático.
Estos mamíferos marinos tienen otros dos enemigos, tanto o más fuertes: de un lado, la ausencia de una postura firme de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) que prohiba sus capturas lideradas por Japón, y al mismo tiempo la falta de eficacia del gobierno colombiano, que ha dilatado durante meses su adhesión a este organismo para que su voto en contra de la muerte de los animales sea escuchado.
Una postura firme de Colombia a favor de la preservación de estos mamíferos estaría más que justificada: se estima que las jornadas de avistamiento les dejan a los operadores turísticos nacionales más de 700 millones de pesos al año.
Negocio redondo
Precisamente en la reciente reunión de la CBI en Chile, el organismo integrado por 80 países, se fracasó una vez más en el intento por acordar medidas de protección. Japón, el principal cazador de ballenas, afirmó que seguirá con su programa anual de captura científica de cetáceos.
Esto ocurrirá en cuatro meses, cuando las ballenas bajan por la costa Pacífica hasta la Antártida, su principal zona de alimentación. Allí, los pescadores, a bordo de rompehielos, descuartizarán unas 1.000 ballenas de las especies 'de aleta', minke y también yubartas.
Otros países cazadores son Noruega e Islandia, al igual que comunidades aborígenes de Estados Unidos, Rusia y Groenlandia, que lo hacen con fines de subsistencia.
Ante la prohibición mundial de utilizar la carne de ballena con fines comerciales, fijado en 1986 ante el riesgo de extinción de las 13 especies que se conocen, el estado nipón comenzó a escudar su actividad en que la pesca que ejecuta tiene una motivación exclusivamente científica.
"Sin embargo, se sabe con certeza que esta es una caza comercial encubierta", le dijo a EL TIEMPO Milko Schvartzman, activista de Greenpeace, desde Argentina. Lo grave es que la CBI no incluye en sus estatutos una moción de condena o un plan para revisar esos supuestos programas científicos.
Solo está vigente una propuesta para crear un grupo de trabajo, formado por 24 países, que revisará los aspectos más polémicos, una labor que muchos expertos consideran como inútil y a la que ni siquiera se le ha fijado una fecha.
"La CBI perdió el rumbo al aceptar este statu quo que beneficia sólo a los países balleneros", dijo Elsa Cabrera, del Centro de Conservación Cetácea del país austral.
La caza de yubartas y otras especies es un negocio redondo. Según estadísticas de la Asociación Ballenera de Japón (ABJ), publicadas en su portal de Internet, esta actividad deja aproximadamente 2.000 toneladas de carne cada año, que en la venta al por mayor significan ingresos de unos 33 millones de euros, cifra que se multiplica por tres en los comercios minoristas. La nación oriental tiene otros aliados.
Algunos miembros de la misma CBI venden su voto a favor de la caza, a cambio de apoyo económico. Esto ocurre con países pobres como Surinam, República Dominicana, Camerún, Panamá, Camboya o Gabón, al igual que con Mali o Mongolia, que ni siquiera tienen salida al mar.
Nicaragua también apoyó la cacería este año a cambio de 20 mil dólares (40 millones de pesos). La postura japonesa, similar a la que mantienen Noruega e Islandia, justifica la caza de ballenas diciendo que este es un recurso marino que ha sido explotado por sus pueblos durante siglos.
La ABJ considera que pedir a Japón que abandone la captura sería comparable a solicitarles a los australianos que dejen de comer pastel de carne o a los estadounidenses hamburguesas. "La Comisión Ballenera no cumple con el cometido para el que fue creado en 1946: conservar el número de cetáceos y gestionar las capturas", dicen sin sonrojarse los delegados de la ABJ.
Según esto, desde el punto de vista japonés, el organismo se ha convertido en una entidad que se dedica, 'exclusivamente', a proteger a estos animales, símbolos de la vida marina y de su estabilidad.
Y aunque durante un trimestre los colombianos somos anfitriones de su llegada y les sacamos provecho, la gestión del Gobierno para proteger esta especie única ha sido nula. La adhesión a la Comisión Ballenera que fue anunciada por el ministro de Medio Ambiente, Juan Lozano, en febrero del 2007, ya completó más de un año empapelada.
La primera causa de ese retraso es como para no creer. Durante siete meses (casi todo el 2007) el proyecto de adhesión, bautizado como Ley 213, no llegó a los congresistas y se quedó guardado en la Cancillería porque el texto estaba escrito en inglés y se requería una traducción al español que se embolató.
Finalmente tuvo su primera discusión en el primer trimestre de este año en la Comisión Segunda del Senado. Ahora falta que se discuta en la plenaria del Senado, en la Comisión Segunda de la Cámara y en la Plenaria de la Cámara.
Luego deberá pasar a sanción presidencial y posteriormente a revisión en la Corte Constitucional. "Con todos estos requerimientos, tememos que el otro año, cuando el tema vuelva a discutirse en Madeira (Portugal), Colombia siga siendo un observador", explicó Aimé Leslie, del Fondo Internacional para Protección de los Animales y su Hábitat (Ifaw).
Es claro que la inclusión de Colombia en el organismo no va a producir un giro radical en las posturas de la entidad, pero el objetivo es hacer un bloque fuerte con otros países que se oponen a la caza de las ballenas.
"Algunas de las resoluciones que se discuten en las reuniones de la Comisión exigen más del 75 por ciento de los votos. Y en ese contexto, el voto de Colombia a favor de la conservación de las
ballenas sería definitivo", dijo Schvarzman.
Por ejemplo, en el 2007, Brasil y Argentina propusieron crear un santuario de ballenas en el Atlántico Sur. La idea no fue aprobada porque solo logró el apoyo de 39 de los 77 países miembros (el 50 por ciento), cuando se necesitaba el 75 por ciento de los votos para salir adelante.
En ese momento faltó, entre otros, el apoyo nacional y el de Venezuela, los únicos dos países del continente que no tienen voto para cuidar a las ballenas.
Mientras tanto, la caza tendrá que ser frenada a punta de lobby, como ocurrió el año pasado, cuando una decena de activistas de Greenpeace, a bordo de una balsa, se le atravesaron en el camino a un buque pesquero japonés y este decidió regresar a casa. Esa vez los arpones orientales no mataron 1.000 ballenas como se lo habían propuesto. Solo asesinaron 500, un número que no deja de ser una masacre.
JAVIER SILVA HERRERA
REDACCIÓN VIDA DE HOY
