“Las señales del Gobierno en materia de biocombustibles no han cumplido las condiciones establecidas en la normativa actual, pues Bogotá y su área de influencia tienen una mezcla del 8 por ciento y la gran minería no usa la mezcla.
“En ambos casos se debería incorporar una del 10 por ciento, al igual que en el resto del país”, dijo el presidente de Fedepalma, Jens Mesa.
Al referirse a la pérdida de dinámica de la agroindustria del biodiésel, el dirigente gremial añadió que hay cada vez más una mayor incertidumbre relacionada con la modificación de las reglas de juego iniciales en materia de la estructura de precios del biocombustible.
Este es totalmente regulado por el Gobierno, lo que en algunas ocasiones ha afectado la comercialización del aceite de palma de producción doméstica, anotó Mesa.
Además, denunció que muchos de los funcionarios gubernamentales –que toman decisiones con respecto a este tipo de temas– no tienen conocimiento del comportamiento de los mercados de combustibles fósiles y de los biocombustibles.
“Esto conduce a que se pretendan equiparar los niveles de precios de unos y otros, sin tener en cuenta que sus estructuras de costos son absolutamente distintas y responden a condiciones diferentes de oferta y demanda”, dijo.
Por último, el presidente de Fedepalma recordó que el apoyo del Gobierno, brindado una década atrás, permitió estructurar una política de biocombustibles con condiciones económicas y productivas necesarias para viabilizar esta agroindustria.
Así, se estableció una mezcla de biodiésel inicialmente de 5 por ciento, la que luego se incrementó, en el 2011 al 10 por ciento, la cual continúa vigente, menos en Bogotá donde prevalece la mezcla al 8 por ciento.
En su momento, el mercado del biodiésel jalonó el crecimiento de las áreas sembradas con palma aceitera, lo que llevó a un incremento en la producción de aceite crudo de palma.
Al cierre del 2013, Colombia contaba con 476.781 hectáreas sembradas con esta oleaginosa.
