Birmania, un país de 50 millones de habitantes, es uno de los más pobres de Asia y, como suele suceder, en él reina la corrupción, como lo acaba de confirmar el último informe de la organización Transparencia Internacional. Con una renta per capita de 1.800 dólares, la espoleta que hizo estallar las protestas la dio el régimen militar el pasado 19 de septiembre, cuando anunció un alza del 500 por ciento en el precio del combustible. En una de las primeras protestas, algunos monjes budistas fueron golpeados por la policía, lo que provocó un movimiento de solidaridad que acabó por implicar a miles de birmanos, ya que los monjes son muy respetados en el país. La Liga Nacional para la Democracia (LND), la única formación opositora que resiste a la fuerte presión del régimen y que lidera la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi -en arresto domiciliario desde 2003- , denunció que las agresiones sufridas por los monjes budistas son la mayor afrenta en la historia cometida hasta ahora por la Junta Militar. Comenzaba así la llamada revolución del azafrán, por el color de las túnicas de los monjes budistas. Las manifestaciones se han tornado en multitudinarias y su represión ha dejado ya más de diez muertos. En la que fue primera reacción pública de la Junta Militar a las protestas callejeras, el ministro de Asuntos Religiosos, general Thura Myint Aung, acusó a los monjes de seguir las instrucciones de los enemigos internos y extranjeros del Estado birmano. Así, desde el inicio de las protestas los sistemas de telefonía móvil y de internet están bloqueados; en el aeropuerto internacional de Rangún los agentes inspeccionan concienzudamente los equipajes en busca de aparatos de telecomunicación, y obligan a declarar los teléfonos móviles y los ordenadores portátiles. De hecho, las fuerzas de seguridad y los matones de la Asociación para la Solidaridad y la Unión Nacional, organización vinculada a la Junta Militar, han expulsado del país a varias decenas de extranjeros por observar o fotografiar las manifestaciones. SOFISTICADA VIGILANCIA Los birmanos no han ido a las urnas desde el 27 de mayo de 1990, cuando dio el 82 por ciento de los votos a la Liga Nacional Democrática. Así, los birmanos mostraron su rechazo al Partido de Unidad Nacional, creado por la Junta Militar, que gobierna el país desde 1962, la misma que en 1989 decidió que el país pasase a llamarse Unión de Myanmar. Pero el Consejo de Estado para la Restauración de la Ley y el Orden (SLORC), órgano con el que gobiernan los militares desde 1988 y que desde 1997 se denomina Comité de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC), se negó a reconocer los resultados. Esa extensa red de vigilancia se basa en un programa desarrollado por los generales birmanos durante cuatro décadas de régimen militar, periodo en el que han destinado esfuerzos y millones de dólares al montaje de sofisticadas y extensas redes de espionaje en Asia. Los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad tienen interceptados todos los sistemas de telecomunicaciones del país, señaló el profesor Desmond Ball, del centro de Estudios Estratégicos y de Defensa de la Universidad de Camberra, que ha publicado un estudio sobre el espionaje. Y es que en Birmania tener un radio-teléfono no declarado a las autoridades acarrea la detención, y quien sea sorprendido con un teléfono satélite será acusado de alta traición y condenado a una pena mínima de 20 años de cárcel. Además, para disponer de un ordenador en este país asiático, donde solo existe una decena de cybercafés con limitado acceso a internet, hay que pedir un permiso especial al Ministerio de Comunicaciones, Correos, y Telégrafos, e infringir esa ley es castigado con penas que van desde los siete a los 15 años de prisión. En todos los hoteles de la capital, Rangún, y en otras ciudades, las llamadas son interceptadas con descaro y, si se emplea el servicio de internet del establecimiento, éste se queda con una copia del mensaje. Los birmanos de a pie dicen que el régimen militar tiene oídos y ojos en todas partes, y que en la nómina del poderoso Servicio de Inteligencia, además de militares, también figuran pedigüeños, vendedores callejeros, recepcionistas de hoteles, oficinistas, monjes, taxistas y estudiantes, entre otros. Reportajes EFE LÍDER Aung San Suu Kyi es la líder de la lucha por los derechos humanos y la democracia en Birmania. Hija de Aung San, héroe nacional del país, ganó en 1991 el Premio Nobel de Paz. Estudió en Oxford. Siempre tras la esquiva independencia Birmania fue anexada a la India británica en el siglo XIX, aunque logró separarse de la misma en 1937, instaurando una constitución y un gobierno propios. En 1942 el país es invadido por los japoneses, lo que provoca una lucha nacionalista que prosigue contra los británicos hasta la obtención de la independencia. Cinco años más tarde, la zona es separada de la Commonwealth y en enero de 1948 se proclama la independencia de la Unión Birmana, que incluye una gran variedad de pueblos, siendo la Liga Popular Antifascista de la Libertad (LPAL) el partido gobernante entonces. En 1958, la Liga se divide en dos facciones rivales y el dirigente de una de ellas, el general Ne Win, forma un gobierno militar interino y establece una dictadura militar en 1962. En 1988, tras dimitir el general Ne Win, el ejército se hace con el poder; suspende la Constitución vigente desde 1974 y crea una Junta Militar, el Consejo para la Restauración de la Ley y el Orden, desde 1997 Comité de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC) que preside el general Than Shew, Jefe del Estado desde 1992. Desde entonces, la eficiente maquinaria de espionaje y control de la información creada por la Junta Militar de Birmania (Myanmar) trabaja a fondo para desactivar los movimientos de la oposición. Aung San Suu Kyi, y antes su padre Aung San, quien fue asesinado cuando ella tenía dos años, han sido dos líderes de los derechos humanos en su país.
