La sentencia también avaló la puesta en marcha de los sistemas de transporte público masivo en las ciudades, es decir, los transmilenios. La corporación dijo que dentro de esa política de reorganización juega un papel determinante el factor de calidad del servicio y por ello se pueden adoptar medidas para controlar la oferta de buses y busetas. En el caso de Bogotá, la sentencia constituye un respaldo al proceso de chatarrización, puesto en marcha por el entonces alcalde Antanas Mockus en el 2003. El origen del fallo del Consejo de Estado es una demanda contra ese Decreto 115 de 2003. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló 11 de sus 28 artículos. Sin embargo, el viernes pasado, tras revisar un recurso de apelación, el Consejo de Estado dejó sin efecto la decisión del Tribunal. La sentencia concluye: El Decreto acusado presenta coherencia tanto externa como interna, en la medida en que su expedición está dentro de la órbita de competencia del Alcalde Mayor de Bogotá D.C. en cuanto es la autoridad de transporte competente en esta jurisdicción territorial y el objeto del decreto está dado por asuntos relacionados con esa actividad. La decisión del Consejo de Estado, explicó Lafont, revisa la legalidad del Decreto 115, pero no entra a efectuar ninguna consideración jurídica sobre la acción penal que hace parte también del pleito entre Alcaldía y transportadores. "El tribunal avaló la puesta en marcha de los sistemas de transporte masivo o transmilenios en las ciudades.
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