Desde hace años, uno de los anhelos de quienes estudian la evolución de la situación social en el país es la institucionalización de un seguro de desempleo. Guardadas las proporciones, el objetivo es seguir el ejemplo de economías desarrolladas como las europeas o las norteamericanas, en donde una persona que queda cesante tiene derecho a recibir un estipendio entregado por el Estado, que le garantiza una proporción de sus ingresos pasados durante varios meses.
La lógica de ese modelo es la de aminorar el impacto de los despidos, tanto en la familia del afectado como en la economía. Como resultado, los desocupados logran mantener a sus hijos estudiando y pagar sus obligaciones básicas, mientras la situación mejora y logran encontrar otro trabajo.
Ese, por cierto, fue el propósito original de las cesantías, a las que hoy tienen derecho los empleados que ganan menos del salario mínimo integral. Según se diseñó inicialmente, la empresa le tenía que dar a funcionarios un mes de salario por cada año trabajado, en caso de retiro. Con el correr del tiempo, el sistema de liquidación cambió y ahora el sector privado debe consignar esos recursos cada año, en los fondos creados para tal fin.
Pero con la existencia de mecanismos para retirar parcialmente las cesantías, el esquema ha perdido validez. Debido a ello, estas no operan como un verdadero seguro de desempleo, con lo cual han surgido otras opciones.
Así lo dejó en claro el presidente Álvaro Uribe esta semana, cuando dijo que el Gobierno le propuso a la Comisión de Concertación Laboral la constitución de un mecanismo que sería fondeado por los propios trabajadores y por las cajas de compensación. Esa es una iniciativa loable que, sin embargo, se quedará corta por cuenta de los elevados índices de informalidad laboral en el país.
