De suceder las cosas como están previstas, en el día de hoy, el Gobierno debería decretar el Estado de Conmoción Interior previsto en la Constitución Nacional, con el fin de tomar disposiciones con fuerza de ley, orientadas a responder, en forma más adecuada, a la fuerte ola invernal que afecta al país.
Y es que, a pesar de las respuestas dadas hasta ahora, permanecen algunas camisas de fuerza que bien vale la pena adaptar a las circunstancias.
Para hacerlo, la salida más apropiada es la de declarar el Estado de Excepción. Aunque en su momento el dictamen del mismo deberá ser ratificado por la Corte Constitucional, es dudoso que el alto tribunal considere que el país no enfrenta una emergencia extraordinaria. Así lo demuestran las estadísticas, según las cuales la pluviosidad es la más alta desde cuando se llevan estadísticas.
También hay que recordar el número de muertes, las hectáreas de tierra anegadas, las viviendas destruidas y los millones de damnificados en casi la totalidad de los departamentos.
Tales circunstancias ameritan la toma de medidas extraordinarias, entre ellas, la posibilidad de hacer traslados presupuestales, contratar empréstitos e incluso colocar tributos por tiempo limitado, con el fin de apoyar las obras de mitigación y reconstrucción, valoradas en miles de millones de pesos.
A esa angustiosa realidad se le suma una nueva urgencia. De acuerdo con los servicios metereológicos, es probable que la temporada invernal amaine, en la medida en que llega la época más seca.
Sin embargo, a partir de febrero próximo 'La Niña' volverá con más fuerza, con lo cual si llega a haber un respiro este será temporal. Esa es una razón adicional para prepararse mejor y empezar a actualizar los mapas de riesgo, sobre todo, en un país en el que poco se aplica aquello que dice que 'prevenir es mejor que lamentar'.