Varias iniciativas similares habían fracasado en el Capitolio a lo largo de los años pasados, pero esta vez la propuesta de origen gubernamental acabó saliendo adelante. Esa, para decirlo con claridad, es una muy buena noticia. Y es que desde comienzos de la década diferentes capitales y ciudades importantes, además de una región, habían hecho uso del mecanismo, con el argumento de que las administraciones municipales eran menos eficientes a la hora de cobrar los tributos locales. Dentro de ese grupo estuvieron Barranquilla, Cali, Santa Marta, Fundación, Pereira, Malambo, Soledad y el Departamento del Valle. En la mayoría de los casos los contratos fueron firmados a 20 años de plazo, lo cual quiere decir que buena parte de ellos sigue vigente. De un lado, hubo falta de voluntad de los mandatarios que siguieron a los que suscribieron los pactos, debido a que las uniones temporales o las sociedades que se conformaron para administrarlos tenían poderosos amigos políticos. Del otro, el blindaje jurídico fue particularmente efectivo, ya que las herramientas ensayadas para deshacer lo hecho resultaron insuficientes. Todo cambió, sin embargo, con la llegada de Alejandro Char a la alcaldía de Barranquilla. Convencido de que la administración a su cargo lo podía hacer mejor, el joven político logró romper el leonino contrato que se había firmado con la empresa Métodos y Sistemas. Las demandas no se hicieron esperar, pero los tribunales apoyaron la decisión. El resultado es que los recaudos de la capital del Atlántico han superado todos los cálculos, con lo cual la situación financiera de la ciudad es quizás la más sólida de su historia. Esa es una de las razones por las que Char es, de lejos, el mandatario local más popular del país. Pero más allá de esa valerosa actitud, era necesario cerrarle las puertas a dicho esquema, de una vez por todas. Por tal motivo, fueron presentados sucesivos proyectos de ley, con articulados muy similares al que fue votado favorablemente. Así las cosas, a partir de la fecha de sanción de la iniciativa entrará en vigencia la prohibición expresa de la concesión del recaudo. Pero no menos importante es la indicación dada a las entidades territoriales, para que estas revisen, en forma detallada, los pactos que siguen operando, de tal forma que si existe algún vicio de nulidad se puedan iniciar las acciones legales para darlos por terminados. Dentro de los posibles involucrados, aparte de los ya citados, estaría la poderosa Federación Colombiana de Municipios que tiene a su cargo el recaudo de las multas de tránsito, y que mantiene una millonaria disputa con Bogotá, que sigue pendiente de resolverse. También hay que destacar la reiteración de lo que dice el Estatuto Tributario, en el sentido de que la información de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las declaraciones, es reservada. Esa precisión era necesaria, pues uno de los muchos absurdos del modelo derogado es que sociedades privadas manejaran datos que sólo le conciernen al Estado, y que deben ser tratados con la máxima confidencialidad. Aparte de esos detalles, la buena acción del Congreso debería servir de estímulo a municipalidades y departamentos para examinar un tema en el que deben hacer mucho más. Hasta ahora, la costumbre ha llevado a que sea más cómodo recibir transferencias del Gobierno Central que buscar maneras de aumentar las rentas locales. Pero diversos estudios muestran que el esfuerzo tributario tiene campo para aumentar y que, cuando eso ocurre, administradores y ciudadanía salen ganando. Barranquilla es un claro ejemplo de ello. "La buena acción del Congreso al prohibir el recaudo de impuestos locales por parte de empresas privadas debería servir de estímulo a municipalidades y departamentos para examinar un tema en el que deben hacer mucho más".ADRVEG
