Al finalizar este siglo, Colombia acumularía pérdidas equivalentes a cuatro veces el Producto Interno Bruto (PIB) del 2010, como consecuencia del cambio climático si no se tomar medidas para mitigarlo.
Así lo señala el estudio 'Impactos Económicos del Cambio Climático', elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que muestra que Colombia debe planear su desarrollo sin omitir las consecuencias de este fenómeno, por lo que las entidades líderes de planeación deben adoptar una visión prospectiva a la luz del cambio climático.
Según el estudio, "si bien los cambios pueden darse de forma gradual y silenciosa, el análisis hasta finales del siglo muestra que las pérdidas para la economía serían importantes, si no se toman acciones oportunas. Al analizar efectos del cambio climático se encuentra que se podrían generar pérdidas permanentes del PIB, hasta finales del siglo, que acumuladas serían equivalentes a perder cerca de 4 veces el PIB de 2010".
"Si implementamos acciones tempranas y con visión de largo plazo ante el cambio climático se reducirían los costos económicos por impactos futuros, aumentando la productividad del país, acelerando la lucha contra la pobreza y encaminando a Colombia en un crecimiento sostenible", indicó la directora general del DNP, Tatyana Orozco de la Cruz.
Los sectores analizados en este trabajo fueron: transporte, forestal, pesca, ganadería y agricultura. También se evaluó el impacto sobre tres cuencas estratégicas para recurso hídrico y sobre especies nativas relevantes para el biocomercio, como plantas medicinales.
RECOMENDACIONES
Los resultados del estudio permiten generar una serie de recomendaciones generales que se pueden resumir en los siguientes puntos:
* Mejorar el conocimiento sobre las relaciones entre el clima y la productividad de los sectores fortaleciendo la capacidad de las entidades públicas para capturar, procesar y disponer información climática, ambiental y sectorial, que permita la construcción de sistemas de información apropiados para gestionar riesgos asociados al clima. Asimismo, es importante promover la investigación y la generación de conocimiento por parte de los distintos sectores y territorios para tomar decisiones informadas sobre los mecanismos más costo-eficientes para lograr la adaptación.
* Promover el desarrollo económico de los sectores fortalece su capacidad de adaptación y reduce los posibles impactos de fenómenos climáticos. Es el caso de la población que se dedica a la pesca artesanal quien reduciría su vulnerabilidad con la creación o fortalecimiento de asociaciones pesqueras o acuerdos comunitarios de pesca. Otro caso es el del sector transporte donde el desarrollo de modos complementarios pueden potenciar el efecto red reduciendo los impactos sobre la operación del sector.
* El desarrollo económico debe ir de la mano de la gestión ambiental con el fin de asegurar su sostenibilidad. La planeación del desarrollo debe considerar la conservación de estructuras ecológicas principales, permitiendo a los ecosistemas proveer servicios ecosistémicos que reducen la vulnerabilidad de la población y la economía. El caso de las tres cuencas analizadas ilustra la necesidad de fortalecer la gestión ambiental del recurso hídrico de la mano del desarrollo sectorial para reducir posibles pérdidas en los sectores de producción eléctrica y agropecuaria. El sector agrícola, el forestal y el ganadero deben implementar programas de manejo sostenible del recurso hídrico, sistemas agro-forestales y silvo pastoriles con el fin de proveer condiciones adecuadas para la producción manteniendo el balance en los ecosistemas.
* Es fundamental generar procesos de ordenamiento territorial desde la mirada del cambio y la variabilidad climática. Por ejemplo, para el sector forestal la clasificación agro-ecológica del territorio a la luz del cambio climático podría identificar áreas potenciales para el desarrollo del sector. Por otro lado, la identificación de zonas de riesgo por desastres de origen climático debe ser insumo para las políticas de ordenamiento territorial.