Para las aseguradoras no es un buen negocio respaldar la seriedad de una candidatura independiente sin una contragarantía como la que exigieron para estas elecciones: un Certificado de Depósito a Término (CDT) por el mismo valor de la póliza de seguro.
Así lo sostuvo el ex candidato a la Alcaldía de Neiva, Hernando Ruiz López. “Duré cuatro meses recogiendo firmas.
Tenía que reunir 43.000, pero me curé en salud y recogí 50.000. Cuando quise ir por la póliza, me cobraron 214 millones de pesos más un CDT por el mismo valor. Hasta allí llegó mi aspiración”.
Los aspirantes independientes reclaman que no es fácil dar con una aseguradora que se le mida a este negocio.
Gustavo Petro, candidato a la Alcaldía de Bogotá, la obtuvo para él, pero los miembros de su equipo en el resto del país no tuvieron la misma suerte.
En un municipio pequeño del departamento de Sucre, una candidata a la alcaldía dice haberla comprado en la compañía Cóndor, no sin antes alegar que le solicitaron 26,7 millones de pesos más la contragarantía, que en este caso fue del 10 por ciento del valor de la póliza.
En el mismo sentido, Tomás Isaza Jaramillo, Gerente de negocios empresariales de Seguros Sura fue enfático al decir que “no nos hemos especializado en desarrollar un producto particular para cubrir este tipo de riesgos.
Tampoco tenemos certeza sobre cuáles compañías hoy lo ofrecen en el mercado”.
Alrededor del tema hay sigilo, pero el servicio finalmente se presta.
No en vano, para los comicios del próximo 30 de octubre se inscribieron 101.430 candidatos y, según datos de la Registraduría Nacional, hay 208 grupos con 1.455 aspirantes respaldados por firmas ciudadanas, es decir, tuvieron que luchar más que los demás para comprar la llamada póliza de seriedad de candidaturas que exige la norma del Consejo Nacional Electoral.
“Hacer política es mirado con recelo por el sector financiero.
Claro que los partidos, en los últimos tiempos, se han ganado una no muy buena reputación”, indica Carlos Coronel, asesor jurídico del Partido de la U.
ASÍ FUNCIONA EL SEGURO Y LAS CONTRAGARANTÍAS DE LOS CANDIDATOS
La exigencia de la póliza la estableció el Gobierno para controlar que la participación electoral esté respaldada por la ciudadanía.
Por el contrario, si el candidato logra su objetivo, le devuelven la garantía real constituida o endosada a favor de la aseguradora.
En tal caso, el negocio para la compañía está en cobrar una prima que tiene tasas entre el 3 y el 5% sobre el valor asegurado.
En ocasiones, los candidatos negocian para que se les acepte otro tipo de garantía, pero es difícil la aprobación.
SÓLO UN TERCIO DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURA LAS CANDIDATURAS
La corrupción y la creciente cifra de candidatos inhabilitados hace que de las 18 compañías de aseguramiento que tienen pólizas de cumplimiento, donde se inscribe la de la seriedad de candidatura, sólo 6 acepten expedir el requisito establecido por el Gobierno.
Un vocero de La Previsora señala que "las aseguradoras tenemos un patrimonio limitado y suscribimos muchos riesgos, los cuales trasladamos al mercado reasegurador.
Ellos nos fijan condiciones, tarifas y exclusiones y, en estas últimas, están las pólizas de seriedad". En las ocasiones en que La Previsora ha pasado por alto la contragarantía, las pérdidas han sido cuantiosas.
"Es usual que los candidatos se lancen sin tener el respaldo político suficiente. En las elecciones del 2007, de las 38 pólizas que expedimos, 13 se siniestraron".
Martha Morales M.
Economía y Negocios