Recientemente publicaron cifras sobre la incidencia del cáncer en el mundo y en Colombia, y claro, no dejan de ser preocupantes por la cantidad de vidas que parten a la eternidad por esta enfermedad, principalmente personas jóvenes que tenían mucho todavía por aportar a la sociedad.
Sin embargo, las cifras así presentadas, sin ver más allá del drama que significa para las familias donde la enfermedad llega, se convierten en una estadística que poco aporta a brindar mejor calidad de vida para quien padece y para la familia que está totalmente integrada al proceso, y que de alguna forma es como si la tuviera también. Se convierte en su diario vivir.
Es necesario que frente a semejante progresión del cáncer en sus diferentes manifestaciones se diseñen e implanten programas, tanto en el frente preventivo como curativo, que obliguen a las EPS a desarrollarlos sin dilaciones, pero también que sean incluyentes para las familias, máxime cuando sean de escasos recursos económicos, y que quien lo padezca sea cabeza del hogar y con niños por quién responder.
En el campo preventivo, es necesario que se establezcan unos exámenes mínimos, por lo menos con periodicidad anual, de tal forma que permitan detectar la enfermedad a tiempo y, con ello, evitar mayores costos para su tratamiento. Así mismo, promover campañas preventivas que se orienten a reducir los factores de riesgo y a sensibilizar a la población sobre la necesidad de tener hábitos saludables que contribuyan a disminuir la ocurrencia del cáncer.
El estilo de vida que estamos llevando es un caldo de cultivo para la enfermedad. Más grave aún es la situación para quienes no tienen ni siquiera la posibilidad de alimentarse bien y la dieta que le recomiendan es rica en verduras, carnes magras y pocas harinas. ¿Con qué ingreso pueden las familias pobres llevar ese estilo de vida?
Cuando ya se ha detectado el cáncer, es prioritario que las EPS sean obligadas a darle un tratamiento digno al paciente, lo cual exige una supervisión eficiente de los distintos entes de control. Necesitamos una Superintendencia de Salud muy fortalecida, tal como hoy sucede con la de Industria y Comercio, que con mucho profesionalismo ha sancionado a las empresas que infringen las normas de calidad y precios.
El mayor sufrimiento no es la enfermedad misma, sino todo el estrés y dolor que significa para quien la padece y sus familiares lograr que le realicen el tratamiento de manera oportuna, y eso, que la mayor parte del costo lo asume el Estado colombiano. En muchos casos, más tiempo tienen que gastarse en los juzgados poniendo tutelas que atendiendo el tratamiento. Esto hace que la enfermedad avance sin ser tratada oportunamente y la persona muera.
Ante la falta de supervisión de la Superintendencia de Salud a las EPS y de aplicación de sanciones efectivas y ejemplarizantes, hasta el celador del edificio se da el lujo de gritar a los pacientes e indicarles que no es posible atenderlos y que deben pedir una nueva cita y que esta se demora. Preciso cuando les dan la cita y logran superar la tramitología para las aplicaciones de quimioterapia ya la enfermedad ha avanzado. Y eso que no se cuentan las distintas valoraciones médicas que muchas veces son distintas y obligan a seguir en la tragedia de diagnósticos hasta encontrar que finalmente aprueben el procedimiento.
Produce mucha angustia ver las dificultades de las personas que no tienen la posibilidad de acceder a una medicina prepagada para que les den una cita con especialista, les ordenen exámenes y les autoricen el tratamiento de manera oportuna. Incluso quien la tiene, es frecuente que le demoren las autorizaciones de exámenes especializados y el tratamiento mismo porque generalmente se amparan en los comités técnicos para negar o demorar la aprobación.
Es muy contradictorio todo este proceso, porque mientras todos los oncólogos dicen que la efectividad del tratamiento está en la rapidez con que se actúe, quienes los contratan, la mayoría de las veces, actúan en sentido contrario. Es fácil comprobar este cuadro, es solamente ir a los centros especializados y hablar con los pacientes y que cuenten su triste historia. Es urgente cambiar este desolador panorama porque estamos perdiendo a seres valiosos que mucho podrían seguir aportarle a la sociedad colombiana.
Más grave aún es cuando el cáncer llega a la cabeza del hogar de una familia de escasos recursos económicos, porque los hijos quedan desamparados en virtud de que el jefe del hogar ya no puede trabajar para generar el sustento. Es desgarrador ver cómo se extingue poco a poco una persona por la enfermedad, pero también cómo los hijos, peor si son niños o adolescentes, sufren por la carencia absoluta de ingresos para llevar una vida digna. Sin embargo, la sostenibilidad financiera de las EPS goza de buena salud.
Por eso, se hace necesario que la nueva Ley Estatutaria de Salud sea fortalecida con herramientas efectivas para garantizar que los buenos propósitos del Gobierno Nacional no sean letra muerta en manos de las EPS, de tal forma que se supere la principal enfermedad del país que es ver cómo se evita que al paciente sea considerado como un negocio, y en cambio, se le brinde una atención digna y que sea valorada su vida para realizar todos los esfuerzos médicos necesarios para salvarla.
Así mismo, es urgente diseñar programas de bienestar que acompañen a la familia en su conjunto, con prioridad para las de escasos recursos económicos, ya que la grave enfermedad complica aún más la situación de quienes dependen del enfermo.
A las enfermedades graves, como el cáncer, hay que darles un tratamiento especial que sensibilice a todas las instituciones de salud sobre la importancia de atenderlas adecuadamente, de obligar a las facultades de medicina a realizar investigaciones que conlleven a generar tratamientos efectivos acordes con las características de la población colombiana, de resolver la tramitomanía para las autorizaciones, y así permitir que los especialistas puedan ordenar los exámenes y tratamientos sin que sean vetados por las EPS por generarles mayores costos, pero también que la Superintendencia de Salud sea fortalecida y cuente con herramientas para vigilar y sancionar a quienes infringen la Ley, precisamente en uno de los aspectos esenciales de la sociedad como es la salud.
Hay que ir más allá de las cifras de la mortalidad por cáncer. El cielo está lleno de muchos ángeles que merecían seguir viviendo en este mundo.
Jesús Antonio Vargas Orozco,
Economista y Administrador Público