La frontera entre Cúcuta y Venezuela ya completó nueve días cerrada, y los gremios y autoridades de la capital de Norte de Santander ya comienzan a evaluar su impacto en la economía regional.
La medida no causó pánico, pues el cucuteño promedio dejó de visitar el país vecino desde hace unos dos años, cuando los abusos de las autoridades venezolanas para con los colombianos aumentaron a medida que el gobierno de Nicolás Maduro iba endureciendo su retórica. Mientras que los venezolanos, por el diferencial cambiario (un bolívar valía ayer 0,0042 pesos), dejaron de venir a Cúcuta.
“El cucuteño ya no iba así le regalaran los productos por el abuso de poder y porque le quitaban todo en la aduana”, dice Gladys Navarro, directora de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Norte de Santander.
Por el momento, el sector más perjudicado, es el del carbón ya que por esa frontera pasa el mineral de exportación que se produce en el departamento hacia el Lago de Maracaibo. Sacarlo por la costa colombiana es muy costoso.
“Diariamente pasaban 6.000 toneladas con un costo de 345.000 dólares diarios”, asegura Jaime Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Carboneros de Norte de Santander (Asocarbón).
Lo que quiere decir que en 6 días hábiles se dejaron de exportar unas 36.000 toneladas del mineral. El problema de fondo, explica Rodríguez, es que los exportadores ya anunciaron que cancelan las compras del mineral a los productores, estos tendrán que cerrar o parar los trabajos en las minas, por lo que peligran unos 25.000 empleos directos e indirectos que produce el sector en el departamento.
Israel Bahir, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, aseguró que las exportaciones a Venezuela desde el departamento están en su punto más bajo por todas las trabas que le ha impuesto el gobierno de Nicolás Maduro a los productores colombianos en general.
Otro sector que se ha visto perjudicado es el de las agencias de viaje, que tenían en el turismo a Venezuela, especialmente a la isla de Margarita, como uno de sus principales destinos. Un viaje de cuatro días a la isla cuesta 500.000 pesos por persona, con pasajes, comida y hotel de cuatro estrellas incluidos. Ya anunciaron que cancelaban cerca de 6.000 viajes vendidos para los próximos meses.
El sector del transporte terrestre que movilizaba personas entre los dos países ha visto descender en 60 % el número de pasajeros. En La Parada, barrio en la frontera con Venezuela, las busetas y buses permanecen parqueadas a la espera de movilizar solo a las personas del sector.
La representante de Fenalco puntualizó que hasta el momento los negocios de víveres y abarrotes, junto con el de las droguerías, permanecen estables con el mercado que han ido recuperando en los últimos años, pues el comercio de la ciudad ya se volvió local.
AMPLÍAN MEDIDAS A OTRAS CINCO LOCALIDADES DEL TÁCHIRA
El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, anunció ayer la ampliación del cierre de frontera con Colombia a otros municipios del estado Táchira, limítrofe con Norte de Santander. El cierre se inicia hoy, a partir de las 5:00 a.m., en las localidades de Ayacucho, Lobatera, Colón, La Fría y Coloncito, para “limpiarlas de contrabando y paramilitarismo”.
De igual forma, anunció que estos sectores se militarizarán con 3.000 uniformados.
En los pasos fronterizos entre el departamento de La Guajira y el estado Zulia, el segundo en importancia entre Colombia y Venezuela, ha habido una baja afluencia de viajeros, por temor a que se extienda el cierre ordenado por Maduro.
CONFLICTO IRÁ A LA OEA Y LA UNASUR
La canciller María Ángela Holguín confirmó ayer que el Consejo Permanente de la OEA decidirá este lunes la fecha de discusión del conflicto con Venezuela, y que los cancilleres de la Unasur se reunirán el 3 de septiembre en Lima, Perú.
Holguín insistió que se violó el derecho internacional al deportar a personas con estatus de refugiados en el vecino país. Saludó la exigencia de la Comisión Interamericana de Derechos Huma- nos (CIDH) de que Venezuela detenga de manera inmediata “cualquier expulsión colectiva, arbitraria o sumaria” de colombianos.
Pedro Vargas Núñez.
Especial para Portafolio
Cúcuta
