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Finanzas

30 abr 2007 - 5:00 a. m.

Carrasquilla tiene razón otra vez

Alberto Carrasquilla tuvo que enfrentarse hace un poco más de un año al presidente Uribe para hacer archivar la iniciativa que conducía a borrar la información sobre los deudores que están reportados en las centrales de riesgo pero que se han puesto al día en sus obligaciones. Apenas se retiró Carrasquilla, el ministro de Agricultura revivió la propuesta.

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Lamentablemente, el nuevo ministro de Hacienda, que no tiene la solidez académica de su antecesor, ha cedido a la tentación de hacer un poco de populismo entre habituales y potenciales ‘conejeros’ y no se ha opuesto a ella. Es muy posible entonces que se adopte esta mala idea que puede causarle grandes perjuicios al sistema de crédito y en particular al crédito agropecuario. En esta sección, hace un año, había escrito una opinión contraria a esta medida, bajo el título de ‘Carrasquilla tiene razón’. En ese entonces dije y reitero que “no es conveniente para los que reciben crédito que se borre el récord de las personas que en el pasado han sido malas pagas, aunque ….estén al día, porque eso encarecería el crédito para los demás. …” Esta información evita que se racione y se encarezca el crédito para todo el mundo, que es lo que ocurre cuando se pierde el récord histórico, y permite prestarles a menores tasas a los acreedores que tienen un cumplimiento impecable o aceptable, y a mayores tasas a los que han sido menos que cumplidos en el pasado. “Y los que incumplen con frecuencia pagarán aún más, o no serán sujetos de crédito”. Si se elimina la información sobre el comportamiento de los deudores que tienen historia de incumplimiento, los bancos no podrán discriminar y tendrán que disminuir (racionar) el crédito disponible para todos y “cobrarles más a los que tienen un buen historial de crédito”…. “Es un caso clásico en el que pagarían justos por pecadores…” Hace un año escribí que en este caso están en juego dos visiones del mundo: “la que busca darle una segunda oportunidad al que con sus acciones hace evidente su arrepentimiento y un propósito de enmienda”, y la de los economistas profesionales que conocen “el costo de las buenas intenciones y cómo operan los mercados cuando la información es incompleta o es asimétrica” (el que recibe el crédito sabe si tiene o no la intención de pagar; pero el que la presta no lo sabe). Por otra parte, el banquero gana una porción del valor prestado vía el interés, pero arriesga todo. Entonces una pequeña variación en su percepción de la probabilidad de pago afecta sustancialmente la decisión de prestar o no prestar y el nivel de la tasa de interés. Cuando desparece la información aumenta el riesgo, disminuye la oferta de crédito y sube el interés. El ministro de Agricultura es un economista profesional y sabe que todo esto va a suceder. No se trata entonces de alguien que defiende inocentemente una noción romántica de otorgarles a los deudores una segunda oportunidad. Por alguna razón parece empeñado en menoscabar concientemente un mercado que funciona más o menos bien, a sabiendas de que la información que se pretende destruir tiene valor económico y de que en su ausencia se va a elevar el costo del crédito para todo el mundo. La economía política de esa intervención es indescifrable, a menos que busque favorecer a unos agricultores ricos que posiblemente quieren volver el Banco Agrario otra Caja Agraria, y disfrutar de crédito que no pagan sino para hacerse borrar de las listas. Esto sería claramente inaceptable y el ministro de Hacienda es el que tiene la responsabilidad de evitar que suceda. Ex ministro de Hacienda "La economía política de esa intervención es indescifrable, a menos que busque favorecer a unos agricultores ricos que posiblemente quieren volver el Banco Agrario otra Caja Agraria”.

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