Dicen quienes saben de estos temas que no es cierto que el tamaño del Estado en Colombia sea exagerado. Si se mira en comparación con lo que pasa en otras latitudes, la conclusión es que es pequeño, pero que se las ingenia para ponerle trabas y obstáculos a los ciudadanos que cumplen con la ley. Al tiempo que ello ocurre, existe una gran tolerancia frente a quienes se mueven en la informalidad o adoptan prácticas que rayan en lo criminal. Incluso no faltan los que creen que la camisa de fuerza es tan estrecha para quienes respetan las reglas de juego que hay estímulos implícitos para hacer trampa. Ante esa situación, es necesario reconocer el esfuerzo que adelanta el Gobierno, tendiente a hacerle más fácil la vida al ciudadano del común y al sector empresarial. El más reciente capítulo de la estrategia fue lanzado ayer por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que presentó un programa tendiente a lograr una regulación competitiva. Este se suma a lo que hacen el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio del Interior y Justicia, y Planeación Nacional, que adelantan proyectos convergentes sobre el mismo asunto. En el presente caso, sin embargo, hay un claro énfasis en la comunidad de negocios. El propósito es generar una alianza entre los sectores público y privado, orientado a identificar ineficiencias en este campo con el fin de eliminar esquemas rígidos y promover la transparencia. En términos prácticos, se trata de examinar leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos, circulares o instrucciones que creen cuellos de botella innecesarios. Semejante labor debería ser el fruto de mesas de trabajo sectoriales y regionales, así como del uso de un buzón virtual para recibir propuestas y del aporte del sistema de información nacional de obstáculos a la competitividad. La meta es que a comienzos de diciembre próximo se tengan identificadas áreas en las que existan disposiciones inconvenientes o simplemente absurdas. Un típico ejemplo es el del requisito de presentar el certificado de movilización vigente para aquellos vehículos que son candidatos a la chatarrización. Colombia, como es de suponer, no está sola en este propósito. De un tiempo para acá un gran número de países ha adelantado programas de mejoras regulatorias con el fin de impulsar la eficiencia de la administración pública. Algunos casos son el de Chile con Impulso Competitivo, México con la Cofemer y el Reino Unido con el Hampton Review. Incluso en el territorio nacional se ha podido disminuir la tramitomanía. Gracias a los avances en ese campo, labores como conformar una empresa o pagar los aportes a la seguridad social son mucho más sencillas que antes. Tales adelantos explican la buena clasificación en ciertos listados como el 'Doing Business', que realiza el Banco Mundial. No obstante, es indudable que es necesario hacer mucho más. En algunos casos, superar los obstáculos hará necesario el paso de leyes, como ocurre con los procedimientos de la justicia. En otros, una mera instrucción o un cambio de política podrían bastar. A su favor, el Ejecutivo cuenta con una importante batería para liderar la ofensiva. Se trata de las facultades extraordinarias que el Congreso le dio para reformar el Estado, que se suman a las entregadas para eliminar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios. A lo anterior se agregan la próxima presentación del estatuto aduanero y la reforma tributaria, que también permitirían enderezar las cargas en variados campos. Ahora el desafío consiste en aprovechar la oportunidad y hacer las cosas bien. Por tal motivo, hay que aplaudir que diversas entidades hayan puesto manos a la obra, pero solamente hasta que se concluya la labor y se den a conocer regulaciones más modernas que las actuales habrá razones para una verdadera celebración.
