¿Centralizando la descentralización?

Desde el punto de vista de las posibilidades fiscales del país, la fórmula que se está abriendo paso en el Congreso sobre transferencias es la correcta. En realidad no conduce -como equivocadamente se ha afirmado- a rebajar o a recortar el nivel actual de transferencias hacia departamentos y municipios a partir del 2009 cuando termina la fórmula transitoria que se estableció en la reforma del 2001.

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octubre 31 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-10-31

Lo que hace es, sin volver a vincular las transferencias al comportamiento de los ingresos corrientes de la nación como ocurría entre 1991 y 2001, organiza un mecanismo de incrementos hacia el futuro, partiendo de la base actual, e incrementando dicha base cada año en la inflación más un porcentaje determinado. O sea, no es exacto decir que se está abriendo paso una ‘reducción de las transferencias’. Fiscalmente esto es lo posible y lo sostenible hacia el futuro. Hacer lo contrario (es decir, volver a un mecanismo de transferencias colgado de la evolución de los ingresos corrientes) tendría un costo fiscal descomunal. Por fuera de todas las posibilidades fiscales del país. Se calcula que calcular las transferencias en base a la participación porcentual que éstas llegaron a tener en los ingresos corrientes de la nación en el 2001 significaría un costo fiscal inmediato de más de seis billones de pesos. Que ni los tiene el fisco ni los tendrá en los años venideros. Pero lo que es preocupante con relación a los horizontes que se otean para la descentralización no es tanto el nivel que vayan a tener en el futuro las transferencias sino el hecho de que un porcentaje creciente del gasto social regional se está haciendo desde Bogotá. Contrariando así el querer de la Constitución del 91. Hoy en día el Ministerio de Educación contrata maestros de secundaria; el de Salud reestructura hospitales; el de Transporte de mete la mano a las vías secundarias y terciarias; el interesante plan que quedó plasmado en Conpes 102 de septiembre 25 del 2006 titulado: ‘Red de protección social contra la extrema pobreza’, y que asciende a la inmensa suma de 18,5 billones de pesos que se invertirán entre el 2007 y el 2010, hace de la Presidencia de la República (a través de la agencia Presidencial para la acción social) la gran ejecutora de este programa. Con una muy tenue coordinación con departamentos y municipios. En la ponencia para primer debate del acto legislativo 011 que se discute actualmente puede leerse lo siguiente: los recursos del SGP entre 2001 y 2006 han variado de 13,3 billones de pesos a 16,4 billones de pesos (un incremento del 30 por ciento) al paso que la inversión que ejecuta el Gobierno Central en las entidades territoriales ha crecido de 1,8 billones de pesos en el 2001 a 10,2 billones de pesos en el 2006, o sea, un incremento de cerca del 500 por ciento. El verdadero debate no está, pues, en el monto de las transferencias hacia el futuro. El gran debate está en escudriñar primero, y en evaluar después, la conveniencia de que el gobierno bogotano (providencialista y paternalista) siga acaparando una suma creciente del gasto regional de carácter social. Aquel con relación al cual la Constitución del 91 quiso que fueran las gobernaciones y alcaldías las grandes protagonistas. Ex ministro de Hacienda "No es exacto decir que se está abriendo paso una reducción de las transferencias”.

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