Algunos de los países de América Central, zona tradicionalmente exportadora de migrantes a Estados Unidos, están enfrentando la llegada de vecinos para suplir en las labores agrícolas y de construcción a quienes se fueron. Además, muchos de los jóvenes que reciben las remesas de sus familiares se niegan a desempeñar actividades que requieran esfuerzo físico. Aunque la zona ve con indignación los planes estadounidenses de levantar un muro para frenar el flujo migratorio, en algunos de sus propios países existen muritos en forma de legislaciones rigurosas que en algunos casos son calificadas incluso de obsoletas y que podrían estar atentando contra los derechos humanos. Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras avanzan en propuestas para facilitar la movilidad en sus fronteras e incluso analizan establecer un tipo de pasaporte único. Además se han adherido a la convención internacional sobre protección de los trabajadores inmigrantes. Pero Costa Rica y Panamá, dos de los países más atrayentes para los migrantes, ni siquiera han firmado esa convención que data de 1990, de acuerdo a un informe del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), una división poblacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Para el experto del Celade, Jorge Martínez, el fenómeno plantea gran cantidad de desafíos a la subregión. Confluyen casi todas las situaciones que afectan a los derechos humanos, como el tráfico de indocumentados, la explotación sexual y laboral o la migración de capital humano. En décadas pasadas, millares de nicaragüenses emigraron a Costa Rica, donde llenaron una demanda de mano de obra en las cosechas de café y banano. Luego, los conflictos armados en Guatemala, El Salvador y Nicaragua forzaron a millares de centroamericanos a huir principalmente a Estados Unidos, una aventura que se ha complicado. El gran sueño es irse a Estados Unidos, donde creen está la solución a todos sus problemas, pero no todos pueden pagar el viaje y ponen sus ojos en El Salvador y Costa Rica, dijo Jesús Aguilar de Carecen Internacional, un organismo privado de ayuda a migrantes con sede en El Salvador. Este país comenzó a atraer a trabajadores nicaragüenses, hondureños y guatemaltecos empujados por el dólar, la proximidad y esa imposibilidad de viajar a E.U. En tanto, Panamá se convertía en imán para un intenso y variado flujo migratorio principalmente de colombianos que, entre otros factores, se vieron obligados a ingresar al país canalero debido a las exigencias de visas de naciones como Costa Rica y España. En el caso del flujo nicaragüense, son los bajos salarios mínimos que andan arribita de los dos dólares y la escasa oportunidad de trabajo en su país lo que los obliga a buscar fuera una mejor vida, estimó Aguilar. Las autoridades dicen que empresas del sector agrícola salvadoreño, ávidas de mano de obra, viajan a Nicaragua y Honduras para realizar contrataciones y luego gestionan los permisos de trabajos. Los nicaragüenses encabezan la lista con 908 permisos autorizados, seguidos de 771 hondureños y 552 guatemaltecos. AP Cada vez más colombianos van a Panamá A Panamá, donde en los últimos años han llegado más de 150.000 colombianos entre inversionistas, microempresarios, profesionales y gente pobre, se le cuestiona por poseer una ley migratoria que data de 1960 y que, según abogados, atenta contra los derechos humanos. Este es un país multicultural con una Ley migratoria obsoleta, que no va acorde con el siglo XXI, dijo Myrna López Yuras, una abogada chilena nacionalizada panameña que dirige la Fundación Casa Latinoamericana. Esta es una organización no gubernamental que orienta y ayuda a los emigrantes, en su mayoría colombianos a solucionar su situación. Hemos avanzado muchísimo en el tema de los derechos humanos, pero esa Ley los irrespeta. Siento que va en contradicción con el tema de los menores, de familia, manifestó. López aboga por una amnistía para los indocumentados. Personas indocumentadas no nos sirven. Lo que nos sirven son personas que estén legales, que paguen seguro social, impuestos, que sean sujetos de crédito, que puedan abrir una libreta de ahorros, comprar una casa.
