La nueva oleada comenzó hace tres semanas, cuando el Palacio de Miraflores decidió estatizar a las empresas que prestan servicios a la industria petrolera y que incluyen transporte de personal y materiales, muelles y puertos e inyección de agua y gas, entre otros. La inmensa mayoría de las 76 compañías ya intervenidas habían sido contratadas como proveedoras de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) e incluyen a firmas nacionales y extranjeras que habían sido invitadas a prestar sus labores en meses pasados. El cambio de política fue justificado por el Gobierno, ante el alto costo que representaría la presencia de terceros en un negocio que ha sido descrito como vital para la seguridad nacional. Según el mandatario, el ahorro podría llegar a ser de entre 500 y 700 millones de dólares al año, ya que las tarifas que pagaba Pdvsa no habrían sido ajustadas a la baja, después del descenso en los precios del crudo. Semejante argumento es rechazado por los afectados, que recibirían un pago por sus activos, pero no en efectivo, sino en títulos públicos de dudoso valor. Acto seguido, el turno fue para un puñado de empresas productoras de hierro y materiales para la construcción, con lo cual se completaría el proceso comenzado con la nacionalización de la Siderúrgica del Orinoco, hace unos meses. El asunto creó, incluso, un encontrón diplomático con Argentina, pues varias de las sociedades que pasarían a ser propiedad de la República Bolivariana son oriundas de ese país. En particular, la presidenta Cristina Fernández llamó a Chávez a pedirle explicación sobre la supuesta garantía que le habría dado a Lula da Silva de no tocar compañías de capital brasileño, algo que el venezolano calificó como un malentendido. Aparte de lo anecdótico, es claro que hay una profundización del modelo socialista. Desde el punto de vista político, todo indica que el triunfo obtenido por el régimen en el referendo de mediados de febrero que aprobó la reelección presidencial indefinida, le ha dado alas para aumentar la presión sobre sus opositores. Ello explica no sólo el exilio en Perú del alcalde de Maracaibo y ex gobernador del Zulia, Manuel Rosales, sino las amenazas de cierre sobre el canal televisivo Globovisión, cuyo principal accionista ya empezó a ser presionado por la justicia. Y en lo que tiene que ver con la economía, hay una clara intención de tomar control de diferentes activos, algo que ya pasó con la telefonía y la electricidad, siguió con cementeras, bancos y algunas productoras de alimentos, así como con decenas de latifundios. Aunque lo hecho cuenta con el apoyo mayoritario de la población, el riesgo es grande. El caso más preocupante es el de Pdvsa cuya deuda llegó a más de 70.000 millones de dólares el año pasado, el doble de lo registrado en el 2006. A pesar de la bonanza de precios del crudo en el año pasado, todo indica que la empresa estatal está teniendo problemas para honrar sus acreencias debido a que no ha podido mantener sus niveles de producción. De hecho, hay quienes piensan que las nacionalizaciones fueron una manera de hacerle el quite a los 14.000 millones de dólares que no les ha pagado a sus contratistas. Además de eso, la entidad está metida en la construcción de casas, la importación de comida o la administración de fincas, con lo cual tiene el doble de empleados que a comienzos de la década. Ya sea que la decisión hubiera sido fundamentada en la situación financiera de Pdvsa o en un claro modelo de intervención estatal, el campanazo de alerta debería ser escuchado en Colombia. Si bien el comercio binacional ha marchado relativamente bien, a pesar de la falta de dólares al cambio oficial y de las restricciones de las autoridades, los propietarios de activos en Venezuela tienen que tomar nota de que detrás de las palabras de un líder locuaz, la revolución chavista va en serio. HERJOS
_7.jpg)
