CIJ fijó límites marítimos de Colombia con Nicaragua

Colombia mantuvo soberanía sobre los siete cayos en disputa, pero pierde una rica porción de mar.

Cayo Quitasueño

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Cayo Quitasueño

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noviembre 19 de 2012 - 05:14 p.m.
2012-11-19

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) extendió este lunes la soberanía marítima de Nicaragua en el Caribe, pero mantuvo parte del límite al oeste de la isla San Andrés como quería Colombia, a quién atribuyó todos los cayos en disputa de esa región rica en petróleo y otros recursos.

La CIJ fijó así en el mármol de un fallo inapelable buena parte del trazado de la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua, que los dos países se habían comprometido de antemano a acatar, al término de décadas de disputa bilateral.

"Ya superamos una etapa, los abogados nuestros están contentos, y el presidente (Daniel) Ortega en unos momentos hará las correspondientes declaraciones", dijo a la AFP el canciller de Nicaragua, Samuel Santos.

El embajador Julio Londoño Paredes, que encabezaba la delegación colombiana, fue algo más circunspecto al declarar a la prensa que "tenemos que estudiar cuidadosamente el fallo".

La decisión de los 15 jueces de la corte mundial, principal órgano judicial de la ONU con jurisdicción universal, fue presentada en La Haya en una exposición de unas dos horas por el presidente del tribunal, Peter Tomka. "La Corte concluye que Colombia y no Nicaragua, tiene soberanía" sobre los islotes en disputa, precisó Tomka. Se trata de los cayos Albuquerque, Bajo Nuevo, Este-Sudeste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla.

El otro aspecto de la disputa, la delimitación de la frontera marítima, extendió la jurisdicción de Nicaragua al este del meridiano 82 hasta donde Colombia la ejerce actualmente. Favoreció así a Managua para compensar lo que consideró una "disparidad importante" que beneficia a Bogotá.

Tomka detalló las coordenadas del complejo trazado de la nueva frontera que extiende hacia el este la soberanía de Nicaragua pero mantiene una lengua de jurisdicción colombiana a la altura de las islas de San Andrés y Providencia, así como en un radio de solo 12 millas náuticas alrededor de los cayos colombianos de Serrana y Quitasueño, ricos en peces, langostas y caracoles.

La Corte no precisó el total de la extensión marítima atribuida finalmente a cada país, ya que en dos sectores se trata de una frontera que quedó sin definir hacia el este: los magistrados se negaron a pronunciarse más allá de las 200 millas de las costas.

El diferendo había iniciado en 1928 cuando Managua cedió a Bogotá las islas San Andrés y Providencia con la firma del tratado Bárcenas-Meneses Esguerra, que fue ratificado en 1933 cuando el país estaba intervenido por Estados Unidos. En 1969 Colombia pretendió establecer su límite con Nicaragua en el meridiano 82, que Managua rechazó alegando que el tratado no fijó límites y que esa decisión cercenaba su plataforma continental en el Caribe.

En 1980, Nicaragua declaró nulo el tratado. En diciembre de 2001, Nicaragua denunció a Colombia ante la CIJ su soberanía sobre el archipiélago. Seis años más tarde, el tribunal reconoció la soberanía colombiana sobre las tres islas pero se declaró competente para dirimir la delimitación marítima entre los dos países y definir la soberanía de los cayos.

En 2007 la CIJ desestimó las objeciones de Colombia acerca de que no era competente para conocer del caso y determinó que no juzgaría sobre la posesión de las islas San Andrés, Santa Catalina y Providencia, confirmando la soberanía colombiana, pero sí sobre los límites marítimos.

PESIMISMO EN SAN ANDRÉS

Del optimismo inicial a un pesimismo  desconsolador, pasaron los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tras el fallo de la Corte Internacional de La Haya (CIJ) que le ratifica la posesión de los cayos Roncador, Quitasueño, Serrana y Serranilla, pero le quitó aproximadamente el 40% de su mar territorial.

Las primeras reacciones no se hicieron esperar, la gobernadora de San Andrés, Providencia y  Santa Catalina, Aury Guerrero Bowie, visiblemente incómoda afirmó que aun era muy pronto para expresar una posición definitiva sobre el fallo, sin embargo recalcó que “era previsible que los pescadores isleños ahora iban a ver recortadas sus oportunidades”.

Por su parte  Corinne Duffis, vocera del Movimiento Amen que integra a buena parte de los raizales, afirmó que sucedió lo que venían anunciando: que sea cual fuere la decisión que se tomara en la Corte, el pueblo raizal perdería parte de su territorio. Perdimos una importante parte del área que nos pertenecía.

“No sabemos cómo podrán trabajar nuestros pescadores; estas personas ya no podrán ir a realizar sus faenas de pesca en estas aguas que ancestralmente acostumbraban a ir porque la corte determinó que son territorio nicaragüense”, afirmó Duffis.

Finalmente, Kent Francis James, ex embajador de Colombia en Jamaica, dijo que el fallo es mucho peor de los que se esperaba y que se trata de una pérdida irreparable de aguas ancestrales que por más de tres centurias habíamos utilizado pacíficamente en forma sostenible.

CON AGENCIAS

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