Código de Minas tiene serios vacíos

La nueva legislación trae consigo cambios estructurales los cuales, no sólo restan seguridad jurídica, sino que pueden inclusive desincentivar la creciente inversión extranjera para este sector.

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febrero 24 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-02-24

De otra parte, incluyó nuevos temas que el sector debe acoger. Habiendo transcurrido alrededor de seis meses desde el último debate en el Congreso sobre el proyecto de reforma al Código de Minas y sin haber sido acogidas las objeciones presentadas por los ministerios de Ambiente y Transporte, el Gobierno Nacional sancionó, el pasado 9 de febrero, la Ley 1382 de 2010, por medio de la cual se hicieron cambios a la Ley 685 de 2001, o Código de Minas.

Esta reforma modifica y adiciona el Código de Minas en temas relacionados con la minería tradicional, la ampliación de los plazos para explorar, la adopción del Plan de Ordenamiento Minero, la modificación y rechazo de solicitudes, la fijación de procedimientos para la legalización de áreas y la modificación del plazo de las concesiones, entre muchos otros temas. Es por lo tanto necesario destacar que la reforma es en gran medida benéfica para la minería colombiana, siendo del caso mencionar que su adopción debería ser aplaudida por el sector.

Sin solución 

Sin embargo, no se solucionan ciertos inconvenientes que subsisten y se agravan con la sanción de la reforma. La falta de certeza frente a la Ley aplicable en los contratos es uno de los temas irresolutos, pues existen actualmente tres legislaciones diferentes aplicables a los contratos dependiendo de la fecha en que se celebren los mismos.

En esta medida puede aplicarse el Decreto 2655 de 1988 (primero Código de Minas), la Ley 685 de 2001 (actual Código de Minas) o la recientemente sancionada Ley 1382 de 2010 (Reforma al Código de Minas).

Esta numerosa legislación que puede aplicarse a los contratos, resta certeza respecto a temas como la reversión de los bienes, los plazos para la ejecución de obligaciones, los procedimientos mineros, entre otros, los cuales inciden directamente en la seguridad jurídica de los concesionarios.

Adicionalmente, la reforma no prevé un periodo de transición para su adopción, por lo cual las disposiciones regirán desde el momento de la publicación en el Diario Oficial. Desde este escenario, ¿cuál será la legislación aplicable a un contrato de concesión?: ¿La legislación vigente al momento de su celebración? ¿La legislación más favorable? ¿La legislación posterior?

La reforma trae consigo cambios estructurales sobre el actual Código de Minas, los cuales, no sólo restan seguridad jurídica, sino que pueden inclusive desincentivar la creciente inversión extranjera para este sector.

Esto se debe en gran medida a la modificación del artículo 77 del Código de Minas sobre la prórroga y renovación del contrato de concesión, la cual se torna en una modificación central para los actuales concesionarios.

Las concesiones actuales tenían previsto dos periodos de treinta años para el desarrollo de todas las actividades pertinentes para la extracción de los minerales concesionados, estando autorizada la prórroga del primer periodo de treinta años por otro igual, siempre que se solicitara ante la Autoridad Minera.

En caso de que el concesionario no dilatara la concesión o se vencieran los dos periodos de treinta años, éste tenía el derecho de preferencia para optar por la concesión de la misma área con el fin de continuar con las labores de explotación.

*Abogado Asociado Prieto & Carrizosa Abogados

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