Ante el fuerte choque que hay entre el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el contratista del Túnel de La Línea, Carlos Collins, la ministra de Transporte, Natalia Abello, afirmó que hasta que no se tome una decisión jurídica sobre el megaproyecto, las obras deberán continuar.
Sin embargo, agregó que ya se empezó el proceso para declarar la caducidad del contrato para garantizar la terminación de los trabajos y velar por el cumplimiento del contrato. La alta funcionaria indicó que el proceso se inició por recomendación de la firma interventora DIS-EDL argumentando la imposibilidad del constructor para terminar en diciembre próximo, las carencias de recursos económicos y materiales, las obligaciones ambientales incumplidas y la deficiente calidad de obras específicas a cielo abierto y tramos del túnel principal de más de 8 kilómetros.
En respuesta a los anuncios del Gobierno, el ingeniero Collins le dijo a este diario que está dispuesto a terminar la obra o a negociar para evitar la caducidad del contrato.
“Tenemos toda la voluntad para terminar las obras adicionales, pues las que estaban dentro del contrato ya las realizamos. Estamos haciendo obras nuevas y nos falta solo el 2 por ciento de excavación del túnel, pero necesitamos recursos y tiempo”, dijo el constructor, al mencionar 66.000 millones de pesos que le debe el Invías por la excavación en una mayor franja de falla geológica y su propuesta de terminar la construcción a finales de mayo del próximo año.
“Los mayores costos en el revestimiento se dieron porque el Invías tardó 15 meses en definirlo y aún no se han licitado los equipos electromecánicos (ventiladores y luces)”.
Aseguró que, si el Gobierno ya tomó la decisión de declarar la caducidad, está dispuesto a negociar y por eso desde junio ha estado buscando reunirse con la nueva Ministra de Transporte y el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. “En mis 50 años de vida profesional jamás me han multado, pero si el Gobierno quiere terminar el contrato es mejor negociar para garantizar la finalización exitosa de la obra”.
Expertos del sector de infraestructura aseguran que de declararse la caducidad, la obra quedaría parada durante el pleito y la liquidación del contrato podría tardar por lo menos 2 años, como sucedió en Commsa, el sonado caso que tuvo el Estado en la carretera Tobía Grande-Puerto Salgar, la antigua Ruta del Sol.
'LOS BANCOS YA NO ME PRESTAN NI UN PESO'
Collins dice que el dinero que le han pagado está invertido en la obra. “Si el Gobierno prefiere puede pagar directamente la nómina, de más de 1.000 empleados, y a nuestros proveedores, si es que desconfía de lo que vamos hacer con la plata”.
Anota que debido a los anuncios del Gobierno ha perdido todo apoyo bancario. “Los bancos no me prestan un peso porque han escuchado la decisión del Gobierno”.