La salvaguardia temporal se adoptó el pasado 11 de abril y fue rechazada por los productores de los países andinos. El hecho de que se haya adoptado por 30 días generó suspicacias sobre la inminencia de que se adopte de manera definitiva por tres años, con prórroga de otros tres. El tema no es de poca monta y ya los embajadores de Colombia y Perú en la Organización Mundial del Comercio, OMC,tuvieron una sesión de trabajo el pasado lunes para escuchar las explicaciones de Panamá, sin obtener mayores respuestas. Este miércoles 2 de mayo volverán a verse de frente los implicados en Panamá, donde se realizará una audiencia pública a la que asistirán funcionarios de la embajada de Colombia, técnicos del Ministerio de Comercio de Perú y representantes de Acoplásticos y de las empresas afectadas por las medidas panameñas. Incluso, el viernes pasado la ministra peruana de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, informó al su homólogo panameño, Alejandro Ferrer, su decisión de entablar un proceso ante la OMC, que podría ser secundada por Colombia. Panamá inició un proceso de investigación en septiembre del año pasado a la importación de películas de polietileno y de PVC para empaques, tras recibir las quejas de su firma Celloprint. Tras varios meses de investigación el pasado 11 de abril el Gobierno vecino decidió poner una salvaguardia provisional con elevados aranceles para los empaques de alimentos. La principal afectada es la empresa de alimentos, la firma Pascual -adquirida por la colombiana Casa Luker-, pero también las firmas Nestlé y Thzanetatos, entre otras. Aunque Colombia y Perú presentaron descargos, al parecer la decisión del 11 de abril no los tuvo en cuenta. Los empresarios andinos atribuyen a la ineficiencia de Celloprint las dificultades que enfrenta, y no a las importaciones masivas que han argumentado. Pesos pesados tendrán que medir fuerzas El año pasado la panameña Celloprint -de la familia Sosa, cercana al Gobierno- se quejó del masivo ingreso de película para empaques destinados a la industria de alimentos. El 90 por ciento de estas provenían de Colombia y Perú. La queja surgió porque Celloprint, que fue parte de la compañía de alimentos Pascual -adquirida en el 2004 por la colombiana Casa Luker-, terminó en junio del 2005 el suministro exclusivo a esta firma. Pascual acudió entonces a otros proveedores en Colombia y Perú que le ofrecían mejor calidad y precios. Los proveedores han argumentado en su defensa que no es la competencia, sino la falta de eficiencia de Celloprint, lo que la tiene en dificultades. El propio Celloprint reconoció que no puede producir la películas de polipropileno y de PVC impresas debido a los altos costos de las máquinas, lo que les permite a los competidores andinos ser más eficientes. Para Acoplásticos, el gremio que defiende los intereses colombianos, la obsolescencia del peticionario es la que le causa problemas. En Panamá, peruanos y colombianos se enfrentan a un poderoso bufete de abogados que representa a Celloprint, del que hace parte un expresidente panameño.
