Cuando en el 2010 el presidente Juan Manuel Santos y su equipo plantearon el objetivo de poner a tono la infraestructura del país con la de naciones de la región como Chile, Brasil, México y Ecuador, fueron numerosas las voces de incredulidad que se escucharon en Colombia ya que esa tarea (de un alcance que lucía utópico) pretendía que la Nación dejara atrás más de tres décadas de rezago y también, de desórdenes y atrasos en la ejecución de obras.
Hasta hace menos de seis años, el país venía acostumbrado a problemas en la ejecución de las concesiones viales, a la adjudicación de proyectos que no tenían diseños previos e incluso, a malos manejos al interior de entidades estatales como el extinto Instituto Nacional de Concesiones (Inco).
Sin embargo, la primera administración Santos le apostó a intentar poner la casa en orden y también, a pensar en un plan de obras de infraestructura que fuera revolucionario y de alcance nacional. Se trataba de buscar un remedio contundente a un mal prolongado que ya le ha pasado una cara factura al crecimiento económico y a la competitividad.
El resultado fue la planeación (con diseños completos, a diferencia de antes) de una cuarta generación de concesiones viales (integrada por 30 proyectos que suman cerca de $50 billones), la eliminación de anticipos y de giros para las compañías constructoras y la estructuración del modelo de Asociaciones Público Privadas (APP) para abrirle las puertas a los privados en la ejecución de infraestructura.
Asimismo, se puso en marcha la Ley de Infraestructura (sancionada en el 2013), el diseño de decretos para solucionar problemas asociados con compras de predios, el protocolo de consultas previas, la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) –en reemplazo del Inco–, y también, de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para complementar y apoyar la estructuración de las billonarias iniciativas.
“Nunca se había emprendido una labor tan desafiante. Esperamos lograrlo. Todo el mundo nos había cogido ventaja porque no hicimos las obras. Antes, lo poco que se contrataba se iba a pleito”, manifestó el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien por encargo del presidente Santos, asumió la jefatura para impulsar la adjudicación e inicio de ejecución de los planes de infraestructura.
Y con la puesta en marcha de este ambicioso plan de concesiones de cuarta generación, de proyectos bajo la figura de Asociación Público Privada (APP) de iniciativa particular, de carreteras por obra pública y de emprendimientos portuarios, fluviales y aeroportuarios, el Gobierno aspira a generar no menos de 400.000 empleos y también, a que el sector de la construcción comience a crecer a un ritmo del 20 por ciento desde el 2016 para así convertirse en el motor principal del crecimiento nacional.
Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), aseguró que el programa de concesiones viales arrancó en un entorno en el que solo había 800 kilómetros en doble calzada y con ambiciones de poder concluir 3.400 kilómetros bajo ese esquema. “Eso hará una diferencia gigantesca en la competitividad del país. Vamos a ver los resultados de todo esto en el año 2020. El país ya está en obra”.
En competitividad, según el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial –el cual tiene en cuenta aspectos como infraestructura, logística, educación, entorno económico, entre otros–, el país ocupa la posición 66 en un listado de 144 países estudiados. Desde el 2007 Colombia se ha movido entre la casilla 74 y la 66.
Y es que el primer gran reto de la modernización vial y del aumento de la competitividad, describió Andrade, consiste en el mejoramiento de las especificaciones técnicas de las vías actuales.
Esto significa contar con más carriles y ejecutar túneles y viaductos en los que los camiones puedan circular a una velocidad de 80 kilómetros por hora.
De acuerdo con las cuentas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), cuando todo este plan de obras (que suma $60 billones entre concesiones 4G y APP de iniciativa particular) entre en plena marcha en el 2017, la economía colombiana crecerá 1,5 por ciento más. Incluso, la ejecución de infraestructura desde el 2016 podrá reflejar un crecimiento adicional de 0,5 por ciento en el PIB.
NO SON SOLO CARRETERAS
Aparte de comenzar a poner al día al país en materia vial, el Gobierno entendió que había que optimizar la infraestructura aeroportuaria. Esto necesitará de cerca de $2,8 billones en los próximos años.
Hasta el momento, señala el Presidente de la ANI, se han hecho inversiones importantes en El Dorado de Bogotá, en Medellín y en Cartagena. “Están en curso nuevas obras en ciudades como Cali, El Dorado 2 (en Bogotá) y Santa Marta”. Esta década, señaló, será de transformar todas las terminales aéreas del país para que así se soporte el creciente tráfico aéreo durante las próximas dos décadas.
“En puertos estamos haciendo lo mismo. Estos se han vuelto muy competitivos. Se están haciendo terminales en Urabá (Puerto Antioquia) y en La Guajira (Puerto Brisa)”, añadió Andrade quien concluyó que otro punto clave de la revolución radica en la multimodalidad en el transporte. Esto significa devolverle poco a poco la navegabilidad al río Magdalena y en rehabilitar los principales corredores férreos.
