El alcalde Gustavo Petro le pidió este martes al Consejo de Estado que cumpla con el fallo del Tribunal Andino de Justicia, que le ordenó notificar a Comcel la nulidad de los tres laudos arbitrales por los cuales la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) tuvo que pagarle a este operador celular 137.000 millones de pesos, en el 2006, unos 200.000 millones de pesos en valores actuales.
Se trata de un viejo pleito entre la ETB y la hoy Comcel, por diferencias en los pagos de interconexión, que llegó hasta el Consejo de Estado.
Este alto tribunal ratificó los tres laudos arbitrales que condenaron a la ETB a pagar los 137.000 millones a las antiguas Occel y Celcaribe (hoy Comcel) y, aunque la empresa de telecomunicaciones bogotana acató los pagos, recurrió al Tribunal Andino de Justicia, por considerar que en esos laudos hubo violación del debido proceso.
Según el Alcalde, en ese proceso el Consejo de Estado tenía la obligación de solicitar un preconcepto jurídico al Tribunal Andino, pero "no fue posible que lo tuviera en cuenta".
Petro se pronunció en una rueda de prensa en la que estuvo el presidente de la ETB, Saúl Kattan, a raíz de que el Tribunal Andino de Justicia, en sentencia de agosto del 2011, declaró nulos esos laudos y giros y le dio al Consejo de Estado 90 días de plazo para que notificara de esa decisión a Comcel.
Ese término venció el pasado 23 de diciembre sin que el Consejo de Estado diera cumplimiento al fallo, que obligaría a Comcel a devolverle los dineros a la ETB.
Petro aseguró que el fallo del Tribunal Andino, "que es de última instancia y es de obligatorio cumplimiento, no ha sido acatado por el Consejo de Estado".
Agregó que por esa "omisión u olvido", el Tribunal Andino inició un proceso de de-sacato contra el Estado colombiano, que podría llevar a que sea "la sociedad la que termine pagando la deuda (los 200.000 millones) en lugar de Comcel".
Esta disputa entre la ETB y Comcel tiene que ver con un contrato de interconexión de redes que se firmó en 1998, por cada minuto de llamadas provenientes del exterior que tienen como destino un teléfono celular.
En 1998, cuando esas tarifas no estaban reglamentadas por el Estado, las dos compañías firmaron el contrato que comprometía a la ETB a pagar 64,89 pesos por minuto. Esa tarifa se elevó luego, por una reglamentación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
A la presidencia del Consejo de Estado se llamó para conocer su opinión sobre el tema, pero al cierre de esta edición no se conocía una respuesta suya. En cuanto a Comcel, informó que, a raíz del pronunciamiento del Alcalde, estaban reunidos los directivos y los asesores jurídicos.
REDACCIÓN BOGOTÁ.
